La estadista y el dueño

Aunque el gobierno intente restarle gravedad institucional a lo ocurrido o quiera reducirlo, increíblemente, a “un asunto entre privados”, el ataque a la redacción y a los periodistas de Tiempo Argentino y Radio América es el mayor atentado a la libertad de expresión en los últimos 18 años.  

Clarín, La Nación, el sistema público de medios dependiente de Hernán Lombardi y toda la cadena oficialista de desinformación concentrada, curiosamente, apuntaron como jefe de la patota a Mariano Martínez Rojas, un ignoto entre los ignotos, un real marginal puesto a ejecutar la fase final, la violenta, de vaciamiento del diario dispuesta por los propietarios del Grupo 23, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

La grosera manipulación de la información de los funcionarios macristas y sus voceros dejó, sin embargo, una huella profunda para cualquier persona atenta que quisiera conocer a los eventuales responsables políticos de lo sucedido. En realidad, cinco pistas indelebles, a las que convendría prestar mucha atención, antes de comentar los desafortunados dichos del presidente Mauricio Macri desde Berlín:

1) La zona liberada que prestó la Policía Federal, dependiente de la ministra macrista Patricia Bullrich, que custodió a los agresores y no a los periodistas.

2) La zona liberada que prestó la Policía Metropolitana, dependiente del macrista Martín Ocampo, que no apareció.

3) La inacción pública del Enacom ante un delito federal (Ente Nacional de Comunicación), dependiente del macrista Miguel de Godoy.

4) La desidia del Ministerio de Trabajo, dependiente de Jorge Triaca (h), que en siete meses de vaciamiento no sólo no resolvió el conflicto sindical, sino que evitó liberar adrede Repros para asistir a los trabajadores o garantizarles cobertura social y desgastarlos en su lucha.

5) La relación entre la empresa de seguridad que reclutó a los integrantes de la patota con un grupo empresario dedicado a los recitales multitudinarios de excelente relación con el también macrista Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno del distrito donde se cometió el atentado.

Si a eso se le añade la siguiente declaración, textual, del jefe de Estado, el panorama queda allanado para cualquier fiscal que quiera llegar a la verdad de un hecho tan grave. Dijo Macri, en Alemania, ante las preguntas de los periodistas:

–¿Qué opina del episodio en Tiempo Argentino, donde una patota entró a amenazar a los periodistas y a romper las instalaciones?

–Todo eso está lejos de la Argentina que queremos. Pero me alegra que la Justicia esté interviniendo, como también intervino antes para pedir el desalojo del edificio. O sea, está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno.

–¿Se refiere a los periodistas que estaban haciendo su trabajo ahí?

–Claro, claro.

Conviene aclarar que el edificio donde están Tiempo Argentino y Radio América no está usurpado, sino bajo custodia legal de los periodistas por disposición oficial. También, que el propietario del inmueble realizó un acuerdo con la cooperativa Por Más Tiempo, editora del diario autogestionado, bajo estricta supervisión judicial, que plantea un desalojo acordado y pacífico que todavía no venció. Que no hay ningún papel legal, a derecho, que certifique que Martínez Rojas es dueño de algo; y de hecho, jamás tomó posesión de los medios y nunca pagó los salarios de los empleados, hoy asociados en una cooperativa sobre la que este personaje violento no tiene ningún poder e injerencia.

Los periodistas que cubren la gira europea de Macri le preguntaron a un estadista sobre el atentado a la libertad de expresión y este les respondió como dueño (calificó de “usurpadores” de un inmueble a los trabajadores y ni siquiera los consideró como sujetos de derecho), y no como un presidente. La pregunta es, ¿dueño de qué? La respuesta queda en manos de los lectores.

Seguramente, el jefe político de Bullrich, Triaca, Rodríguez Larreta, Lombardi y Miguel de Godoy se vio sorprendido por la requisitoria periodística, tal vez nervioso, porque en su gira le preguntaron más por el escándalo del Panamá Papers que por su “revolución de la alegría”. O porque, en simultáneo, Cristina Kirchner visitó las instalaciones destruidas, se solidarizó con los periodistas de Tiempo Argentino y Radio América y pidió que se investigue a los responsables del ataque. La foto de la ex presidenta observando las paredes agujereadas y el mobiliario destrozado dieron la vuelta al mundo. Su aporte a la difusión de lo ocurrido es inestimable. Ningún dirigente político de su calibre –en este caso, hablamos de una estadista, de una ex presidenta de la Nación– había concurrido a Amenábar 23.

El periodismo militante del macrismo salió rápidamente a tratar de menguar el potente efecto de la visita de la ex mandataria tratando de darle mayor jerarquía a la discusión con algunos periodistas sobre la candidatura de Szpolski en el FPV de Tigre y los manejos de la pauta oficial durante su gobierno. Pero los hechos, tal como sucedieron y fueron relatados por las autoridades de la cooperativa y de la dirección periodística a través de un comunicado, desmintieron la burda operación que buscaba distraer la atención sobre lo realmente importante: Cristina Kirchner estuvo en la redacción, de igual a igual con los trabajadores de prensa del diario y de la radio agredidos, cara a cara, sin esconder nada, amplificando una pelea cuyo eco llegó nada menos que al corazón de la vieja y culta Europa, provocando que Macri tuviera que decir algo sobre lo que no había dicho nada.

Y eso que dijo deja en claro quién es la estadista democrática en esta historia y quién es el dueño. De la patota, de sus integrantes, de quienes tienen que detenerlos, de los que garantizaron su zona liberada, su impunidad y les brindan ahora mismo protección política, todavía no se sabe nada.