La estrategia: ajuste o caos

La frase de Nicolás Dujovne generó un gran impacto: «En la historia argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno (…) y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego con las que entramos». Una cruda valoración del plan económico contenido en la Ley de Presupuesto 2019 sancionada por el Congreso. 

Llama la atención el uso de la palabra «ajuste» por parte del ministro, probablemente porque a esa altura ya es inocultable. Carlos Pagni en La Nación sostiene que la frase responde a que «la jugada ortodoxa del gobierno supone que cuanto más draconiano sea el programa más breve será el calvario». Y aclara: «Es decir, hay que demostrar a los mercados el compromiso con el ordenamiento de las cuentas públicas».

Para los mercados (léase los actuales o potenciales acreedores), ese ordenamiento de las cuentas públicas es sólo un paso. Si se cumple, será un punto más entre varios, pero si no se cumple debido a la aguda recesión económica que habrá en el año, los mercados aplicarían fuertes sanciones.

De hecho, a pesar de que la aprobación del Presupuesto recibe apoyos de los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo no se convencen. En las dos últimas semanas, tanto Fitch como Standard & Poor’s (S&P) rebajaron la calificación de la deuda argentina debido a varios motivos, entre ellos, el impacto del ajuste en la economía. Pero apuntan a un tema mucho más preciso. En esta cuestión, S&P es especialmente claro: «Las percepciones de que el compromiso soberano con el programa de ajuste económico podría titubear después de las elecciones nacionales de 2019 crearían una dinámica de mercado desfavorable». Sostiene además que podría «volver a bajar las calificaciones durante los próximos 12 meses si acontecimientos políticos negativos o la implementación irregular del programa de austeridad daña la confianza de los inversionistas». Para que no queden dudas.

De hecho, ya están apareciendo editoriales en los medios argentinos que sostienen, con diferentes palabras, que si en marzo las expectativas electorales indican que hay posibilidad de que Cristina Fernández sea presidenta, lo más probable es que los inversores comiencen a deshacer sus posiciones en bonos argentinos e irse. Ese es el panorama que venden, que se podría caratular como una verdadera «campaña del miedo». Y yo creo que se seguirá insistiendo en esta orientación, dados los malos resultados de las políticas aplicadas por el actual gobierno.

El presidente Macri también busca justificación al ajuste. Ya no le alcanza con el latiguillo «hacemos lo que hay que hacer», porque lo que están haciendo les genera cada vez más desaprobación. Volvió al mensaje original: «Tenemos que empezar a ser responsables, serios, que no podemos seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades». La frase mágica: los años de bonanza del kirchnerismo no eran sustentables. Más allá de tal aseveración sin fundamentos, la profunda caída del poder adquisitivo de los salarios, el derrumbe de la producción y los fuertes despidos que se están dando, así como lo que se propone en el Presupuesto 2019, están llevando a devaluar significativamente el nivel de vida de las mayorías.

Cómo sostener que nos esperan meses de menor inflación cuando se conocen los datos de octubre, con un aumento del 5,4%, que se suma al aumento del 6,5% en el mes anterior, una inflación del 12,3% en un solo bimestre (muy cercana a la inflación anual que el gobierno proyectó a fines de 2017, para todo 2018).

La cuestión de la inflación es medular, y se siente rápidamente en el bolsillo, a partir del menor poder de compra que genera. Un tema preocupante es que los alimentos vienen aumentando aun por encima de la inflación. La explicación es fácil, aunque no por ello deja de ser penosa: los comestibles reciben en mayor medida el impacto de la fuerte devaluación producida. En lo que va del año, los alimentos aumentaron un 43,7% (con un valor similar para todas las regiones) mientras que el IPC general lo hizo en un 39,5 por ciento.

Pero, más grave aun, los alimentos tienen mayor peso en la canasta de las regiones del interior, en especial en el noreste y el noroeste, cuando en el Gran Buenos Aires su participación en la canasta total es menor. Y es sabido que en los niveles de menores ingresos el consumo de alimentos tiene una participación muchísimo mayor que lo que indica el promedio de cada región.

De esta forma, los elevados índices de inflación repercuten con mayor peso en los sectores más vulnerables, dado que son los mercados concentrados los que fijan los precios, y estos no orientan sus acciones a partir de su «preocupación social», sino para mantener o incrementar su tasa de ganancia.

A esto se suma que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación. Además, se autorizará en lo que resta del año un nuevo aumento de las prepagas (al 8% de octubre se le sumará un 8,5% en diciembre), y las empresas de combustibles seguirán con su derrotero de definir sus propios aumentos. El subte subirá un peso por mes desde noviembre hasta febrero, lo cual significa un 32% de la tarifa. Ya se conoce el aumento de Aysa para el próximo año, que sumará cerca del 50 por ciento.

Con este panorama, resulta difícil que la inflación baje significativamente, a pesar de la contracción monetaria en términos reales que está prevista y de las altas tasas de interés que seguramente continuarán, previsiblemente en niveles inferiores pero siempre elevadas en términos reales.

En este contexto, el bono por $ 5000 que decidió el gobierno no alcanzaría, siquiera, a paliar la grave caída en el consumo de los últimos meses. Además, sólo llegaría sin dificultad al 16% de los asalariados, dado que algunos gremios tienen convenios actualizables por la inflación y estarían afuera. Después están las pymes, que dada la difícil situación por la que atraviesan, la mayoría caería dentro de la definición de «crisis o declinación productiva», que permite acordar con los representantes de los trabajadores más plazos o distintos montos del bono.

Por último, este bono, que se pagaría la mitad en diciembre y la mitad en febrero, sería por única vez o absorbido por los aumentos salariales, con lo cual no constituye un avance significativo en la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores: sólo sería un endeble paliativo.

Quienes más lo necesitan, los trabajadores rurales, los del servicio de casas particulares, y los no registrados, no recibirán bono alguno, lo cual plantea cuál es la potencialidad de la medida para, como se intenta desde el gobierno, reducir la conflictividad social hacia fin de año. Parece una medida más orientada a evitar un paro de la GCT antes de la reunión del G20.

En los temas de trabajo, no puede dejar de mencionarse la salida de Jorge Triaca, y la concentración de la cartera laboral en manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Según sus propias palabras, el ministro pretende «integrar más la cadena de valor y la temática del empleo, no sólo la tradicional que hace a la mecánica de la negociación colectiva». Sica agrega que los límites en la producción «y la interrelación con los sectores laborales son barreras que se van borrando». En mi opinión, lo que está anunciando es un camino hacia la flexibilización laboral a partir del fomento de la negociación por empresa y varias pérdidas de derechos laborales: otro de los requerimientos de los acreedores y eventuales futuros inversores externos y locales. Para ir consolidando el modelo que, sostienen estos mismos actores, resulta indispensable que continúe en 2020. «