El empresario cercano al gobierno aseguró que las armas pertenecen a fuerzas de seguridad a pesar de que algunas están a su nombre y otras tienen el número de serie limado. Reconoció que el armamento responde a “los graves y reiterados hechos de violencia” que se generaron contra sus locales.
“Las presuntas irregularidades advertidas por la inspección que diera origen a estas actuaciones solo constituyen, eventualmente, un exceso de confianza derivado de las relaciones que se tejieron en los últimos años con los organismos de Seguridad del Estado y con la empresa de seguridad privada”, declaró Coto por escrito.
El empresario presentó la semana pasada un nuevo descargo en el marco de una ampliación de indagatoria, ante el juez federal Sebastián Ramos quien quedó en condiciones de definir la situación procesal del Coto, de su hijo Germán, y de distintos funcionarios públicos acusados de haber incumplido sus deberes de control y de haber suministrado armas a la empresa.
Coto y su hijos son investigados en la causa por la supuesta comisión de los delitos de “tenencia y acopio de armas de fuego, armas de lanzamiento, granadas, municiones, gases lacrimógenos, chalecos antibalas, cascos tácticos, escudos anti tumulto, gas pimienta y un silenciador, (…) como así también, su presunta adquisición espuria, lo cual podría haber implicado un desvío de armamento adquirido por Fuerzas Federales de Seguridad”.
En su ampliación de indagatoria, Coto aseguró que no cometió ningún ilícito, que por la forma piramidal de la estructura de la empresa él no estaba al tanto de cada uno de los movimientos y reiteró que las armas halladas en un local de su firma pertenecían a las fuerzas de seguridad y a la propia empresa de seguridad, aunque fueron encontradas armas a su nombre y al de su hijo.
“Carezco del control personal de los elementos que se encuentran ubicados o en custodia en algunos de los cientos de lugares donde desarrollas sus actividades la empresa”, dijo el empresario que explicó que las armas habían sido dejadas ahí por la Policía Federal (PFA), de la Gendarmería Nacional (GNA) y de la Prefectura Naval (PNA) para prevenir eventuales saqueos.
El empresario sostuvo que esas armas encontrada en 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800 estaban arrumbadas allí desde hacía tres años y su existencia estaba motivada por “los graves y reiterados hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias de la empresa, en particular, en los últimos 20 años”. Tras lo cual se refirió a las actividades de distintas “organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras”.
Por otra parte, aseguró que la inspección realizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) con la que se relevó todo el material encontrado estaba acordada con la empresa por lo que se habían trasladado hacia la sede de porteña de la calle Paysandú las armas que estaba antes en otros locales. Esa declaración podría complicar aún más la situación porque las armas habrían sido trasladadas sin autorización para hacerlo y porque no fue la ANMaC la que denunció el hallazgo, de hecho algunos de sus funcionarios están acusados por supuesto encubrimiento.
El hecho denunciado fue que las armas encontradas excedían largamente las habilitadas para el Usuario Colectivo Coto y que los funcionarios de ANMaC hicieron la vista gorda y evitaron hacer la denuncia correspondiente.
Alfredo Coto tenía autorización para tener armas y además la cadena de supermercados contaba con una licencia como «usuario colectivo» de armas para su propia empresa de seguridad, pero estaba vencida.
Por la licencia vencida desde 2014, Coto había asegurado en su primera indagatoria que hacía tiempo que él había firmado los papeles para actualizarla pero que un gerente de la cadena de supermercados atrasó el trámite.
Fuentes judiciales remarcaron que la información aportada por las fuerzas de seguridad en la investigación preliminar realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello, tras recibir una denuncia anónima, no coincidía con la argumentación ofrecida por Coto.
Además resaltaron que en el predio de Coto se encontró, por ejemplo, un lanzagranadas con la numeración limada, algo que no fue explicado por el empresario.
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