La extranjerización de la tierra, eje de conflicto en Salta

“Hay cientos y cientos de familias en situación de desalojo en varios departamentos del norte”, dicen desde el Departamento Rivadavia. Allí se encuentra la finca El Yuto SA, un complejo agroindustrial de producción de soja adquirido en 2005 por Mauricio Macri.

El gobernador Juan Manuel Urtubey picó en punta en lo que respecta a extranjerización de tierras y expulsión de pequeños productores. La ley provincial 7658, que impide el desalojo de campesinos que no pudieron regularizar sus tierras, se prorrogó sólo hasta fin de año.

El diputado provincial por el departamento Rivadavia Jesús Ramón Villa, promotor de la ley, expresó que si en siete años no se trabajó a fondo en esta cuestión, no creemos que pueda resolver en pocos meses. Hay cientos y cientos de familias en situación de desalojo en varios departamentos del norte.

Es un paso más respecto del decreto 1377/16 que subió el techo de venta de tierras en la provincia a extranjeros, el salto no es pequeño: de 1.000 a 35.000 hectáreas, amparándose en el decreto 820/2016 del gobierno nacional que modifica artículos sensibles de la ley nacional. Se prevé que la entrada de capitales extranjeros aumentará los costos de la tierra (incluido el alquiler) lo que implicará costos mayores para pequeños y medianos productores, con su consecuente exclusión.

En el Departamento Rivadavia, justamente, se encuentra la finca El Yuto SA. Un complejo agroindustrial de producción de soja adquirido en 2005 por Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el diputado nacional Pablo Torello, y empresarios amigos del colegio Cardenal Newman. Un caso claro en que se compró tierra con gente de pueblos originarios dentro y que luego se desalojó, algunos aún viven a la vera de la ruta 81. Además, en la zona poseen tierras Facundo Urtubey, hermano del gobernador, y Eduardo Elsztain, uno de los mayores terratenientes de Salta, y la familia del jefe de Gabinete Marcos Peña en la finca Cuchuy, en el cercano departamento de San Martín.

Sin mediaciones, en función de sus intereses, directamente desde los Ejecutivos nacional y provinciales, y en los mismos parlamentos, los dueños de la tierra definen el destino de la propiedad tanto de los pequeños y medianos productores como de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios.