Casi 7000 trabajadores de reciclado están en peligro ante el intento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de avanzar con una licitación que deje afuera a las cooperativas. Los contratos vencen en septiembre, y ante esta situación de emergencia, la Subsecretaría de Ambiente de la Facultad de Agronomía de la UBA y el programa FAUBA Verde expresaron su preocupación por el nuevo esquema que impulsa el Ejecutivo de Jorge Macri y afirmaron que «el reciclado porteño está en riesgo».
En el centro de la escena se encuentra el nuevo esquema contratación que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos, en detrimento de la participación de las cooperativas de recuperadoras y recuperadores urbanos, protagonistas del sistema de reciclado porteño desde hace más de una década.
Ellas forman parte del sistema de gestión de residuos reciclables de la CABA desde hace más de una década. Su incorporación fue reconocida por la Ley 992, que priorizó la participación de las cooperativas y organizaciones de recuperadores en la recolección diferenciada. Posteriormente, la Ley 1.854 de Basura Cero consolidó un modelo de gestión basado en la separación selectiva, la recuperación y el reciclado de residuos.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió el proceso para definir un nuevo esquema, donde el anteproyecto de pliego modifica de manera significativa las condiciones de participación en el sistema y pone en discusión el lugar que ocuparán las cooperativas de recuperadores.
Lo que está en juego con el nuevo pliego
El Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales (CIEPA-FAUBA) elaboró el informe «¿Reciclado con inclusión o privatización? Lo que está en juego en el nuevo pliego de la Ciudad» en el que apuntan que el nuevo esquema propone modificaciones que podrían dificultar la participación de las cooperativas:
• Las zonas de trabajo se reducen de 15 a 6, lo que aumenta considerablemente la escala de cada contrato.
• Se incorporan mayores exigencias económicas, financieras y administrativas, que podrían resultar difíciles de afrontar para las cooperativas.
• Solo una de las seis zonas sería preadjudicada a una cooperativa.
• La incorporación de recuperadores/as urbanos/as deja de ser un requisito para participar y pasa a ser solamente un criterio que suma puntos en la evaluación.
“Estos cambios deben analizarse no sólo desde la dimensión operativa de la gestión de residuos, sino también teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas para quienes desarrollan tareas de recuperación de materiales”, expresan desde la Subsecretaría de Ambiente y FAUBA Verde.
Desde hace varios años, la Facultad trabaja junto a cooperativas de recuperadores urbanos, entre ellas El Álamo y Reciclando Trabajo y Dignidad. “Esta articulación busca promover una gestión de residuos que contemple de manera integrada los objetivos ambientales y las dimensiones sociales y económicas del sistema. Recuperar materiales, fortalecer el trabajo cooperativo y promover la economía circular son, para estos espacios, partes de un mismo proceso”, destacaron.
El vínculo con las cooperativas también forma parte de la formación de estudiantes. A través de trabajos finales de grado, pasantías, visitas y charlas, se generan espacios de encuentro entre cooperativas, estudiantes y docentes para conocer el funcionamiento del sistema de reciclado, intercambiar saberes sobre el trabajo de los recuperadores y abordar los desafíos de una gestión de residuos con inclusión social.
Frente a las modificaciones planteadas, la Subsecretaría de Ambiente y FAUBA Verde manifestaron su preocupación y acompañamiento a las cooperativas «en la defensa de un sistema de reciclado con inclusión social».
Privatizar la gestión ambiental
El miércoles pasado, las doce cooperativas de reciclado de la Ciudad marcharon en reclamo contra el gobierno porteño. Señalan que la licitación que lleva adelante la administración de CABA pone en peligro la continuidad laboral de entre 6500 y 7000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular: “Amenaza con desmantelar el sistema público de recuperación de residuos para entregarlo a empresas privadas de higiene urbana”.
La convocatoria fue en Plaza Almagro. «El Gobierno de la Ciudad busca avanzar con un proceso licitatorio disfrazado de ‘modernización’ e incorporación de tecnología», denunciaron desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Las cooperativas sostienen que detrás del nuevo pliego no hay una mejora del sistema, sino un intento de privatizar la gestión ambiental de la Ciudad en beneficio de las grandes corporaciones del sector.
«Mucho antes de que la Ciudad hablara de economía circular, fuimos miles de recuperadores urbanos quienes organizamos la separación en origen, desarrollamos los Centros Verdes y garantizamos que miles de toneladas de materiales no terminen enterradas en el CEAMSE», afirmó Sergio Sánchez, presidente de FACCyR.
Las organizaciones aseguran que, además de los puestos de trabajo, corre peligro “un sistema público que permitió a millones de vecinos incorporar el hábito de la separación de residuos en sus hogares” y un eventual daño ambiental ya que “el sistema privado cobra por tonelada enterrada, desincentivando el reciclaje real”.
«Resulta inaceptable y contradictorio que el mismo Gobierno que durante los últimos años desfinanció deliberadamente la logística del sistema —afectando el traslado de los compañeros y las herramientas de trabajo— utilice ahora esas deficiencias operativas como excusa para privatizarlo», alertó Jesica Alfonzo, presidenta de Amanecer de los Cartoneros.
