La familia Caputo fue beneficiada por la cesión de predios entre Nación y Ciudad

Antes de dejar la presidencia, Mauricio Macri aprobó el traspaso de múltiples inmuebles y la extensión de uso de otros desde la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por su socio político, Horacio Rodrìguez Larreta. Entre ellos se encuentra el predio ubicado en el barrio de Retiro adonde funcionaban  las antiguas cocheras presidenciales, hoy conocido como Mercado de los Carruajes. Mediante una adenda realizada el 25 de noviembre, a días del cambio de mando del Ejecutivo nacional, la Ciudad logró asegurarse el uso del predio por 20 años más. Sugestivamente, la empresa que tiene la explotación comercial y que se verá beneficiada por esa extensión cuenta entre sus socios a la hija y el sobrino de Nicolás Caputo, el excónsul en Singapur y amigo de la infancia del expresidente.

La extensión del acuerdo entre Nación y Ciudad por el Mercado de los Carruajes, como las otras operaciones patrimoniales ocurridas en los últimos seis meses de la presidencia de Cambiemos, hoy están en suspenso y siendo revisados por la actual gestión. El documento firmado por Ramón Lanús, como presidente del AABE, y Diego Santilli, por la Ciudad de Buenos Aires, hace alusión al inmueble de 4200 m2 hoy promocionado como «Mercado de los Carruajes» y proyectado como polo gastronómico de nivel internacional.

En 2017 la licitación fue adjudicada a la única empresa que se presentó, Athenée Groupe, de Horacio Blanco, y el plazo de la concesión de uso y explotación se fijó en 5 años “improrrogables», según el pliego, y un canon de 150.000 pesos mensuales. Lo llamativo es que poco después la sociedad sumó dos nuevos integrantes: Sonia y Marcos Caputo, hija y sobrino de Nicolás “Nicky” Caputo.

Desde un primer momento el gobierno porteño se mostró apurado por la concreción del proyecto. De hecho, con un simple acuerdo que no establecía plazos para usufructo, Larreta promocionó el avance de las obras. Pero a poco de que Mauricio Macri dejara la Casa Rosada, los gobiernos de ambas jurisdicciones apuraron una adenda que garantizara la «seguridad jurídica» de quienes explotaban el área. Esa adenda que establece plazos para la cesión podría considerarse incumplir el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad, que prevé doble lectura y audiencia pública en casos de cesión de propiedades públicas.

La primera parte del tratamiento en la Legislatura se concretó de manera exprés el 5 de diciembre de 2019, en la megasesión denunciada por la oposición porteña, en la que el oficialismo, aprovechando su mayoría, incluyó un paquete de proyectos clave para aprobarlos antes de que asumieran los nuevos diputados del Frente de Todos, que en la actualidad integran un interbloque de 17 miembros.

El artículo 89 de la Constitución de la Ciudad detalla que tienen el procedimiento de doble lectura «la desafectación de los inmuebles de dominio público y todo acto de disposición de estos», y «toda concesión, permiso de uso, o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad».

Sin embargo, la cesión del edificio ubicado en Leandro N. Alem 852, perteneciente al Estado nacional, fue extendida sin esperar a que se realice una audiencia pública, prevista para marzo de este año. No sólo eso, la adenda se produjo luego del ingreso de los Caputo a la nueva sociedad, algo que vuelve a la operación más sospechosa.

En su cuenta oficial de Twitter, Horacio Rodríguez Larreta promocionó el 31 de enero las obras en el predio augurando un futuro polo gastronómico de nivel internacional, con 36 locales comerciales, restaurantes y bares, destinados sobre todo a consumidores de clase media y alta. Pero omitió mencionar quién estará a cargo de la a explotación.

El decreto 149/2020 firmado el 14 de febrero por Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Eduardo Wado De Pedro y Martín Guzmán establece la intervención del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a fin de revisar el accionar «de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y de los organismos, entidades, sociedades del estado o sociedades con participación estatal mayoritaria que intervinieron en procesos que derivaron en los actos de disposición, enajenación, transferencia, cesión, desafectación, asignación en uso o dación en pago de inmuebles del Estado Nacional». Y solicita «para el caso de corresponder, las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de la regla de fin de mandato establecida por el artículo 15 bis de la Ley 25.917».

El acuerdo por el Mercado de los Carruajes, a ser ratificado por los diputados porteños, ingresó a la Legislatura con el número 2957-J-2019. La cláusula quinta especifica: «Las partes acuerdan la suscripción de la presente addenda, ad referéndum de su ratificación de la Legislatura de la Ciudad». Y en su cláusula sexta agrega que «la presente addenda estará sujeta a condición suspensiva y por lo tanto entrará en vigencia en la fecha en que cumpla la ratificación establecida en la cláusula quinta».

La inscripción a la audiencia pública para que los habitantes de la Ciudad puedan participar y opinar sobre el acuerdo suscripto entre el Ejecutivo porteño y la AABE está abierta hasta el 13 de marzo inclusive. Ocurrirá el miércoles 18 de marzo en el Salón San Martín de la Legislatura. «

Una operación sin la voz de la Comisión de Museos

El edificio del Mercado de los Carruajes está amparado bajo la órbita del decreto Ley 12.665 que establece que todos los bienes de propiedad del Estado nacional pasan a quedar bajo tutela de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Y de acuerdo al decreto 1063/82, no se puede autorizar «modificación alguna de dichos muebles, ni su enajenación», sin la consulta previa a esa Comisión Nacional y a la de Museos y Monumentos Artísticos, dependientes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Ellas deben expedirse dentro de los 60 días de la recepción de las actuaciones respectivas, acerca de la conveniencia o no de la medida, teniendo en cuenta el valor histórico, artístico, o arquitectónico de los inmuebles.

En este caso, es un predio histórico, relacionado a los carruajes presidenciales, a pocas cuadras del puerto, que ahora pasará a recibir 400 mil visitantes por mes, sobre todo turistas y consumidores de clase media–alta, teniendo en cuenta que los valores de alquiler de locales serán millonarios.