El empresario Alfredo Coto y su hijo fueron citados a declarar el mes próximo en la causa que investiga el hallazgo de armas en un supermercado del barrio de Caballito.
Los informantes dijeron que padre e hijo deberán presentarse el 17 y el 19 de abril, respectivamente, ante el juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, que los había imputado en mayo del año pasado.
También fueron citados a declarar cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, e integrantes de la Policía Federal (PFA) y la Prefectura Naval (PNA), por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro de armas».
Los convocados son el director de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales de la ANMaC, Fernando Fumeo; el coordinador de inspección de la misma repartición, Juan Kotelchuck; el comisario Carlos López Vazquez, jefe de armamento y munición de la PFA, y el prefecto Cristian González, jefe de armas de infantería, munición y explosivos de agrupación Albatros de la PNA.
La causa se originó tras una denuncia realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello luego de recibir una denuncia anónima y realizar una investigación preliminar que le llevó más de medio año.
De acuerdo con la denuncia, Coto y su hijo Germán tenían en su poder, arrumbado en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, de Caballito, un arsenal que incluía armas con pedido de secuestro y algunas cuyo número de serie había sido limado.
Las armas fueron descubiertas en el marco de una inspección de la ANMaC realizada en el supermercado Coto que, según fuentes judiciales, estaba habilitado como «usuario colectivo» porque tendría una empresa que presta su propio servicio de seguridad.
El hecho denunciado fue que las armas encontradas excedían largamente las habilitadas para la empresa y que los funcionarios de ANMaC hicieron la vista gorda y evitaron hacer la denuncia correspondiente.
El arsenal encontrado incluía más de 200 granadas, proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta y un silenciador de armas, entre otras cosas.
La fiscal elevó el requerimiento a Ramos quien, como primera medida, implantó el secreto de sumario para que no se entorpecieran otras medidas de prueba.
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