En una carta enviada al organismo, se describe la dramática situación que atraviesa el fotógrafo desde el pasado 12 de marzo y se acusa sin eufemismos al gobierno de Javier Milei. El texto fue escrito en el marco de la audiencia celebrada el martes en Miami, sobre los ataques a la prensa en nuestro país.
En el texto, la familia del fotógrafo describe todo lo ocurrido con Pablo desde aquel dramático 12 de marzo frente al Congreso, las mentiras del gobierno argentino sobre la veracidad de los hechos y solicita formalmente a la CIDH que «incorpore el caso de Pablo Grillo como evidencia material de la violación a los derechos humanos y a la integridad física en Argentina».
La represión contra Grillo fue uno de los ejes centrales de los expositores, entre ellos el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Cels, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. “Mientras en esta audiencia se debaten estadísticas y protocolos, nosotros vivimos en carne propia las consecuencias devastadoras del accionar represivo del Estado argentino”, señala la carta de la familia que, además, pide que la CIDH acompañe “el pedido de justicia y reparación” en el caso y exhorte al gobierno a dejar de usar proyectiles y gases en los operativos de seguridad en las manifestaciones.
«Nos dirigimos a ustedes con el corazón en la mano, pero con la firmeza que nos otorga búsqueda de justicia, en representación del fotoperiodista Pablo Grillo, víctima de la brutalidad institucional que hoy se denuncia ante este organismo.
Mientras en esta audiencia se debaten estadísticas y protocolos, nosotros vivimos en carne propia las consecuencias devastadoras del accionar represivo del Estado argentino. Pablo no es un número ni un «daño colateral»; es un ser humano que fue brutalmente herido en la cabeza por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina solo por tener una cámara de fotos.
El ataque fue perpetrado con lo que las fuerzas de seguridad eufemísticamente denominan «armas de baja letalidad». Sin embargo, el daño infligido a Pablo demuestra que, utilizadas de una manera prohibida e ilegal, estas armas son instrumentos de tortura y devastación física. Desde el momento del impacto, la vida de Pablo y la de toda nuestra familia se detuvo
Desde el 12 de marzo y hasta la fecha, Pablo ha tenido que someterse a ocho (8) intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para intentar reparar el daño masivo causado en su cráneo y cerebro. Cada operación ha sido una batalla por su vida, un calvario de incertidumbre y un dolor indescriptible. Las secuelas de este ataque no son solo físicas; son un mensaje disciplinador para todas y todos los/as periodistas y para toda la sociedad: el costo de estar en la calle trabajando o protestando puede ser la vida o la integridad física permanente.
Denunciamos ante esta Comisión que lo sucedido con Pablo Grillo no fue un accidente ni un exceso aislado. Fue el resultado directo de una política de seguridad del gobierno actual que criminaliza la presencia en el espacio público y habilita a las fuerzas federales a disparar a zonas vitales del cuerpo sin consecuencia alguna.
Además de los esfuerzos que hacemos desde la familia para impulsar la causa penal contra todas aquellas personas responsables, venimos a solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que:
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