Accesos precarios, baños cerrados o abandonados, deforestación y peligro de derrumbes son, apenas, algunas de las irregularidades de los balnearios públicos de Mar del Plata. Hace unos días murió una mujer al caer de un paredón. Fiestas y alcohol sin regulación.

Karina Huarte es cuarta generación de marplatenses. Por eso, dice que “le duele en el alma” cuando escucha que alguien se queja de la ciudad y promete no regresar. Para no quedarse en el lamento, ayudó a fundar la Asamblea por los Espacios Públicos –hoy integrada al colectivo Faro de la Memoria– con el objetivo de promover y proteger derechos, no solo de la población permanente, sino también de los ocasionales visitantes que en “La Feliz” se cuentan de a miles.
“Todo el lado sur, la zona de Playa Serena, es de acantilados y tiene peligro de derrumbe. Hay hasta una ordenanza que prohíbe estacionar los autos de ese lado de la ruta, pero uno los ve todos los días, incluso, hasta les cobran para estacionar ahí. No hay accesos dignos, ni barandas, ni rampas, muchos vecinos de la tercera edad o con alguna complicación física no pueden acceder a la playa”, se queja Huarte.
Según el relevamiento de la organización, las entradas a las playas públicas, por lo general, son precarias y sin accesibilidad universal, los puentes que unen sectores no cumplen normas de seguridad, hay cables eléctricos a la vista sin ningún tipo de señalización que advierta el peligro y los baños están abandonados o directamente cerrados. En ese sentido, Huarte remarca que “una sociedad turística por excelencia no puede sufrir el abandono de todos estos años de parte del Estado”.
Sin control.
Esa ausencia se hace evidente, además, en el avance indiscriminado de los balnearios privados en detrimento del veraneante. “Los turistas –explica Huarte– deben conocer sus derechos y el más importante es que todas las playas de la Argentina son públicas; así lo establece el artículo 235 del Código Civil. Mar del Plata tiene la extraña particularidad que desde el Faro de Punta Mogotes hacía el sur, hay un sector que le pertenece a los Peralta Ramos que lo ganaron en un juicio. Desde entonces tenemos un conflicto muy fuerte porque esa familia lo alquila a concesiones privadas que hacen una usurpación del espacio público. Cuando los turistas se instalan con sus sombrillas, frente a ese sector privado, son expulsados. De esa manera, no les queda playa, sino solo un pedazo de arena húmeda”.
La militante por el espacio público insiste en que la gente se retira de esos sectores “porque desconoce su derecho”, pero que de a poco están instalando una suerte de resistencia. “Logramos visibilizar el problema y ahora si quieren echar a alguien muchos vecinos saltan a defenderlo. Pero esto pasa porque no hay control municipal, ni de la anterior gestión ni de la actual, ambas de Cambiemos, sobre el espacio público costero. El privado se extiende hasta donde quiere y la lucha la da el turista”.
De música y alcohol.
Huarte también destaca que “hay más boliches y fiestas sobre la playa sin seguridad ni control y no se cumplen requisitos mínimos para la explotación del recurso», incluso, en la zona sur es común ver deambular jóvenes a la vera de la ruta provincial yendo a donde la música los convoque.
“Algunos balnearios –agrega– han deforestado para hacer caminos y accesos a los boliches. Necesitamos una regulación sobre eventos masivos de manera urgente”.
Estos días, la polémica se trasladó a la arena por la posibilidad de prohibir el alcohol y la música a un volumen alto en algunas playas del centro. Para Huarte, otra vez se depende de la presencia del Estado.
“Es parte del marco regulatorio que debería tener cualquier municipio. El consumo de alcohol y la contaminación sonora se debería solucionar sin vulnerar el derecho de nadie. La playa debería ser un espacio para disfrutar fuera de cualquier tipo de discriminación social y económica, lugares donde nos encontremos libres y podamos ser lo que somos”
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