Venezuela se encamina a la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, pese a los denodados y extremos intentos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y a la negativa de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien llegó a acusar al gobierno de ejercer el «terrorismo de Estado». Estos días serán clave para la funcionaria de 59 años nombrada por Hugo Chávez en 2007 y podrían acelerar un eventual lanzamiento desde el terreno judicial a la arena política.
Pasado mañana será sometida a una audiencia de antejuicio de mérito pedido días atrás por el diputado oficialista Pedro Carreño «por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo». El Tribunal Superior de Justicia además le impidió salir del país y congeló sus cuentas bancarias para «garantizar el cauce procesal». Estas acciones motivaron la reacción de parte de la comunidad internacional, de rápidos reflejos cuando se trata de apuntar al gobierno bolivariano.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación. Los procuradores de los gobiernos del Mercosur, encabezados por la argentina Alejandra Gils Carbó, también pidieron en un comunicado «que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano». Es porque el TSJ emitió una sentencia que otorga a la Defensoría del Pueblo poderes para investigar, defender y supervisar denuncias sobre Derechos Humanos, lo que se tomó como una forma de avanzar sobre competencias del Ministerio Público. El defensor, Tarek William Saab, lo negó y se amparó en la Constitución bolivariana, la cual faculta a la Defensoría a «investigar de oficio o a instancia de parte».
Hace rato que el núcleo duro chavista considera que Luisa Ortega Díaz ya está fuera del espacio. Muchos partidarios la tildan de traidora. Le reclaman prestar demasiada atención a las denuncias de la oposición sobre las muertes en las manifestaciones violentas, por las que culpabilizan en su totalidad a los efectivos de la Guardia Nacional. Muchas de estas muertes, según confirmó la justicia y la propia fiscalía, se produjeron por armas caseras en los tumultos, o por francotiradores. El colmo, para el gobierno, se produjo cuando la fiscal no se pronunció sobre el ataque, calificado por el gobierno de «terrorista», de un subordinado que sobrevoló edificios públicos con un helicóptero de las Fuerzas Armadas y arrojó granadas y baleó dependencias. Ortega, en cambio, dijo que el terrorista es el gobierno. Dijo que el pueblo «no quiere la Constituyente», más allá de las inscripciones masivas (ver aparte), y de alguna manera llamó a la desobediencia al citar el artículo 333 de la Constitución, que establece que «todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento» de la vigencia de la Carta Magna. Ese fue uno de los artículos citados por el policía que piloteó el helicóptero en un video grabado antes de su acción.
Cuidadosamente, la fiscal reivindica en su discurso a la doctrina de Hugo Chávez. Sus aspiraciones políticas son conocidas dentro del mundo chavista. Los rumores de ruptura vienen de un par de años atrás. La acompañan chavistas críticos de Maduro. Entre ellos su marido, el diputado del PSUV por el estado Lara, Germán Ferrer, la exministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, el exministro de Educación Héctor Navarro y el general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz, quien acaba de lanzar el Movimiento Amplio Desafío de Todos (DDT). El proyecto de este espacio sería constituirse en una tercera opción electoral, que capture el voto de quien no se siente representado por el gobierno ni por la oposición más dura. El escenario puede restar votos al gobierno, pero podría ser más dañino incluso para la MUD. Por eso hay sectores del gobierno que aseguran que, de producirse este lanzamiento, la oposición radicalizará aun más sus acciones.
La salida de Ortega no está exenta de conflicto. La fiscal nombró a un adjunto de su confianza, previendo delegarle el puesto de quedar vacante. Pero el gobierno lo rechaza. «Quiere seguir manejando la fiscalía desde fuera», dicen en el entorno madurista. El fiscal debe ser nombrado por el Ejecutivo y respaldado por la Asamblea, hoy de mayoría opositora. «
Se pone en marcha la Constituyente
Pese a los intentos por frenarla, por considerarla anticonstitucional y antidemocrática, el gobierno parece estar logrando su objetivo de celebrar una Asamblea General Constituyente para, según sus fundamentos, alcanzar la paz y la estabilidad social y política en su país. Según informó el Consejo Nacional Electoral, se inscribieron 52.055 personas como candidatos a constituyentes. Unos 18 mil lo serán en ámbito territorial, es decir que representarán el voto de las regiones que pertenecen, mientras 34 mil son del ámbito sectorial, en representación de numerosos colectivos de trabajo, sociales y culturales. El día de elección está previsto para el próximo 30 de julio. Allí los venezolanos elegirán a los 500 constituyentes que en los meses siguientes debatirán cambios eventuales en la Constitución. Mañana, partidarios de la ANC se concentrarán en la Plaza Bolívar de Caracas para dar inicio a la discusión de la agenda del despliegue nacional de los candidatos. También se reunirán representantes de la opositora MUD en un acto llamado «Unidos por la Constitución» donde firmarán un acuerdo «con la sociedad venezolana para avanzar en el rescate final y definitivo de la democracia, la Constitución y la libertad en Venezuela» que prevé varias acciones.
