El fiscal Ysrael Villalba solicitó dos años y dos meses de cárcel para el exlegislador entrerriano y para su exsecretaria Iara Guinsel Costa. La defensa reclamó la absolución.
El pedido fue formulado por el fiscal Ysrael Villalba, quien sostuvo que durante el debate quedó probado que ambos intentaron ingresar al país vecino con más de 200 mil dólares estadounidenses, además de otras sumas de dinero, sin realizar la declaración aduanera obligatoria. La pena solicitada se acerca al máximo previsto por la legislación paraguaya para ese delito, que es de dos años y seis meses.
Durante su alegato, Villalba afirmó que el exsenador «violó las reglas administrativas y el Código Aduanero paraguayo» y remarcó que el dinero era transportado en un vehículo sin haber sido declarado ante las autoridades fronterizas. El fiscal también destacó el monto involucrado y el hecho de que el cruce se realizara en horario nocturno como elementos que, a su criterio, refuerzan la hipótesis acusatoria.
La defensa, integrada por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, solicitó la absolución de Kueider y Guinsel Costa. Los letrados sostuvieron que el dinero en efectivo no puede ser considerado «mercadería» a los efectos del delito de contrabando y argumentaron que los hechos atribuidos a sus defendidos no constituyen un ilícito penal.
Kueider fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentó ingresar desde Brasil hacia Paraguay transportando más de USD 200.000, además de pesos argentinos y guaraníes, sin declararlos ante la Aduana. Desde entonces enfrenta el proceso judicial en ese país, mientras en Argentina también permanece bajo investigación en distintas causas vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El exsenador por Entre Ríos llegó al Congreso por el peronismo, pero durante el primer año del gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los legisladores que acompañó iniciativas clave del oficialismo, entre ellas la aprobación de la Ley Bases. Tras su detención en Paraguay, el Senado resolvió removerlo de su banca.
Ahora el Tribunal deberá analizar los alegatos de las partes antes de dictar sentencia en una causa que podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo si el fallo acompaña el pedido del Ministerio Público.
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