La grave ausencia de las políticas públicas

La conductora Viviana Canosa desplegó durante esta semana su costado más oscuro luego de haber acusado a Lizy Tagliani de integrar una red de trata niños con fines de explotación. El impacto de esos dichos fue tan grande que la conductora decidió presentarse en Comodoro Py con las supuestas pruebas. Días después se conoció que su declaración se hizo ante su amigo, el fiscal Carlos Stornelli, que allí no había pruebas y que quien había contribuido para confeccionar la denuncia que presentó fue un exagente de la CIA, Tim Gallard. Conclusión deberá volver a declarar ante la Justicia.

Amparada en un secreto de sumario que no existía, Canosa no quiso dar “otros nombres” de aquel famoso listado. Sí los dio otro periodista que tuvo acceso en la causa y así terminó la semana con parte de conductores televisivos acusados sin pruebas aparentes de un delito y con pocas posibilidades de demostrar públicamente su inocencia.

El hecho encendió alertas no sólo en las organizaciones LGBT que una vez más se ven injustamente vinculadas al grave delito de la pedofilia sino también en las organizaciones que trabajan contra las redes de trata de niños y niñas. Denunciar la trata e incluso que se llegue a una causa judicial es dificultoso y para activistas y expertos en el tema lo que sucedió con Canosa es irresponsable y preocupante.

Sin dudas, este lamentable montaje de Canosa salió de la batalla de la televisión o la pelea por el rating, y tuvo sus ribetes políticos. El más alto quizá fue el del presidente, Javier Milei, en un por lo menos extraño post de X donde se confunde con las conductoras de la televisión pero apunta contra el Grupo Clarín, con quien coquetea y pelea una vez por semana.

Pero también la política interviene cuando la misma Canosa reconoce su vínculo con Tim Gallard, otro personaje turbio que llega a la Argentina de la mano de la La Libertad Avanza (aunque ahora Patricia Bullrich lo niegue). Más allá de los delitos por los cuales está acusado Ballard, su relación con el gobierno de Milei y con Canosa se basan en la misma línea política antidiversidad sexual y antiagenda de géneros. 

Más allá de la guerra por el rating, de las peleillas de Milei con Clarín y de las adhesiones o defensas a quienes están bajo la operación de Canosa, es claro que en la llamada batalla cultural que libra este gobierno, la ausencia de políticas públicas es su principal aliada. Mientras Milei, ya presidente, se reunía con personajes como Ballard para trabajar contras las redes de trata, desfinanció por completo el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación. Luego, eliminó el Fondo para asistir a víctimas de Trata de Personas.

El presidente y los funcionarios de LLA impulsan la eliminación la educación sexual integral, a partir de la cual se trabaja para prevenir y alertar sobre los casos de grooming y de abuso sexual infantil. Hoy para algunas provincias, como Tucumán, la ESI es un recuerdo y la bajada de línea ministerial es que su abordaje sea nulo.

Es responsabilidad de los medios de comunicación y sus líneas editoriales mantenerse alerta a estas situaciones tan virulentas. Y es responsabilidad de lxs ciudadanxs demandar un Estado presente y políticas públicas que protejan de la violencia para no aportar debilidad a una democracia que se teje en tiempos tan violentos.   «