La «guerra contra la subversión económica» llegó al banquillo

Juan Alfredo Etchebarne saca papeles de su portafolios: dice que los encontró en la casa de su exmujer después del divorcio y que son pruebas fundamentales para demostrar que él no tenía relación personal con José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura hasta 1981. “Ese año se fueron todos los que trabajaban con él, (Juan) Alemann, (Walter) Klein, pero yo no lo hice. Yo no era parte del plan económico, jamás participé de ninguna reunión del equipo económico. Estaba en un organismo autárquico y había aceptado ese cargo por siete años. Cuando los cumplí, no quise renovarlo”, sostuvo en declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 5.

Con un elegante traje gris, es el único que se encuentra presente en Comodoro Py. Llega ahí por sus propios medios, ya que se encuentra excarcelado desde 2016 a pesar de los pedidos de las querellas y fiscales. El resto de las partes participa por videoconferencia.

El otro acusado es Raúl Antonio Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, exagente civil de Inteligencia del Ejército, procesado por nueve de los 28 casos que integran el juicio.

El extitular de la Comisión Nacional de Valores entre 1976 y 1983 está acusado de ser cómplice necesario de la privación ilegítima de la libertad de 23 personas en el juicio oral conocido como Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi, un caso clave sobre la persecución a empresarios durante la última dictadura bajo el concepto de “subversión económica”.

Sin embargo, su primera preocupación es aclarar su relación con «Joe» Martínez de Hoz. Etchebarne cuenta que se conocieron en 1974, cuando ingresó como abogado societarista al estudio Martínez de Hoz y luego ambos compartieron el directorio de la empresa Acindar. “Esa es la única vinculación que tengo con Martínez de Hoz, pero me preocupa que el tema sea utilizado distorsivamente durante la instrucción y actualmente por la fiscalía. Como una sombra de sospecha de relación criminosa”, se quejó el abogado.

Los secuestros

Una denuncia penal de Etchebarne desde la CNV disparó los hechos: inició una causa por estafa, administración fraudulenta y “subversión económica” contra los grupos económicos Chavanne y Grassi, quienes habían comprado el Banco de Hurlingham a la familia Graiver.

Tras la denuncia, comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, quien conformó un grupo de tareas con el coronel Roberto Roualdes a la cabeza e integrado por el excomandante de Gendarmería Víctor Rei, el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, ambos ya fallecidos, y Guglielminetti.

“El objetivo era detectar el aspecto económico de la subversión en dos sentidos: la búsqueda del dinero de organizaciones consideradas ‘guerrilleras’ o ‘subversivas’ y la búsqueda de operatorias empresariales que ‘atentaran’ contra la economía argentina”, señala un informe de la oficina de DD HH de la CNV elaborado en 2013.

En este caso, existieron las dos: por un lado, apuntaban al dinero que Montoneros había obtenido por el secuestro de los hermanos Born y que sostenían que había sido administrado por Graiver. Por el otro, Siderúrgicas Grassi era una empresa “estratégica” y su quiebra “atentaría sobre el orden económico y social”, según la acusación realizada por la CNV en 1978.

Entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978 fueron secuestradas 28 personas, entre directivos, familiares, abogados y empleados de los dos grupos económicos. Todos fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados.

Al momento de las detenciones, la amenaza de Martínez de Hoz todavía retumbaba en los oídos de René Grassi, uno de los dueños de la siderúrgica, cuando el ministro le dijo que le quería comprar el banco. “No está a la venta”, fue la respuesta del rosarino. “Vos no sabés lo que estás haciendo, hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz”.

En Campo de Mayo había técnicos contadores y abogados de la CNV y el Banco Central para direccionar los interrogatorios a las personas secuestradas. Incluso, testigos vieron a Etchebarne en el centro clandestino.

Tras pasar al menos dos meses en Campo de Mayo, los detenidos fueron legalizados a disposición del PEN en diciembre de 1978 y para enero de 1979 la gran mayoría ya había recuperado la libertad, a excepción de Juan Claudio Chavanne, liberado recién en 1981.  «



DELITOS SEXUALES

La Procuraduría de Lesa Humanidad informó que, de los 1024 condenados hasta hoy, 121 fueron responsabilizados por delitos sexuales y otros 13,  absueltos. Los condenados por estos crímenes son el 11% del total.