La Guerra Judicial ¿el Plan Condor del Siglo XXI?

El Lawfare -o Guerra Judicial- es un fenómeno multidimensional de profundo impacto político-económico y geopolítico en América Latina y el Caribe (ALC) en las últimas décadas. Se define en términos generales como una “guerra por la vía legal” o como el “uso de la ley como un arma”. En ALC viene asociado a la judicialización de la política, a procesos de desestabilización y deslegitimación de gobiernos de turno o criminalización de determinados sectores políticos en procesos electorales. La instrumentalización de los mecanismos judiciales, y su exposición pública a través de los medios de comunicación, ha sido utilizada de forma sistemática para anular adversarios políticos, sustituyendo los cauces habituales de la política en la democracia liberal procedimental.

En el año 2001 el general del ejército de Estados Unidos, Charles Dunlap acuñó el término y, más recientemente, afirmó: “hoy en día se entiende mejor el uso de la ley para lograr lo que de otro modo requeriría la aplicación de la fuerza militar tradicional. Es un ejemplo de lo que el estratega chino Sun Tzu podría llamar la «excelencia suprema» de la guerra, cuyo objetivo es someter la resistencia del enemigo sin luchar”.

El poder judicial, frecuentemente en combinación con la red de medios de comunicación empresariales, han devenido fuerzas de ocupación y ejecutoras en América Latina de esta estrategia que es desde su mismo origen confesadamente militar y colonialista.

Manuel Zelaya (2009) en Honduras; Fernando Lugo (2012) en Paraguay; Rafael Correa (2017, 2020) en Ecuador, Lula da Silva (2017) y Dilma Rousseff (2016) en Brasil; Salvador Sánchez Cerén (2021) en El Salvador; Evo Morales (2015, 2024) en Bolivia; Cristina Kirchner (2016, 2025) en Argentina han sido víctimas de golpes de estado y/o judicializados e inhibidos en sus derechos civiles y políticos junto con sus principales colaboradores.

Este fenómeno de indudable “fuente común” no ha generado una suficiente respuesta colectiva, y peor aún es que los regímenes de derecha utilizan como “modelo” el caso extremo de Perú, en donde mientras todos los expresidentes -Alejandro Toledo, Alan García que se suicidó al momento de su detención, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo- han sido judicializados y condenados, exhiben que la economía y la moneda nacional se ha fortalecido y el presidente del Banco central se mantiene en el cargo por veinte años, brindando una clara señal de que el país se gobierna desde afuera de sus fronteras.

El Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud (FOLADUS) expresa su profunda preocupación y repudio por el avance de la Guerra Judicial (Law Fare) en todo el continente y la procura de erigirla como una sustitución de la democracia por parte de los poderes fácticos. La persecución, proscripción, encarcelamiento y fraudes electorales promovidos por las oligarquías enquistadas en los poderes judiciales y las empresas oligopólicas de comunicación social que dejan a los países que integran Nuestra América en un nivel de fragilidad institucional que poco tiene que ver con un Estado sólido y con garantías procesales. La idea de división de poderes republicana termina siendo una falacia en la que poderes que no elige nadie, el judicial y el mediático en combinación, se elevan como un primus inter pares despótico que burla sistemáticamente la voluntad popular.

Los promotores del FOLADUS creemos que el derecho a la salud entrama con todos los demás derechos, y que la emergencia de un mundo antidemocrático e injusto atenta contra la salud de nuestros pueblos, y por ello, nos declaramos en alerta y movilización permanente a efectos de denunciar y proponer estrategias que promuevan una superación del actual estado de las cosas con mayor democracia y mayor poder popular.

El debilitamiento planificado del estado de derecho violenta la voluntad popular y genera intersticios de no-política en los que la violencia encuentra un caldo de cultivo apto para su desarrollo, lo cual solo beneficia a quienes la fomentan y conspira contra la voluntad de quienes la sufren, iniciando un círculo de violencia que tensiona la paz de nuestros pueblos.

Los múltiples conflictos bélicos de distinto orden e intensidad que se despliegan sobre el orbe, nos pone en alerta para evitarlos en nuestro continente. La guerra entre Rusia y Ucrania; los permanentes conflictos bélicos en Sudán, Yemen, Siria, Birmania y Somalia, el genocidio de Israel sobre el pueblo gazatí y la proyección del conflicto en los ataques “preventivos” a Irán, entre otros, una vez más nos obliga a decir lo obvio: se pueden generar las condiciones materiales para que el deseo de la gente de a pie confluya con la política real y que consolide un mundo sin guerras.

En este contexto, la inédita elección de jueces en México, promovida por el gobierno de MORENA y la presidencia de Claudia Sheinbaum, siguiendo la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, parece marcar el rumbo para enderezar este talón de Aquiles de los estados latinoamericanos, tan bien aprovechados por “los de adentro y los de afuera”. Que nadie tome decisiones que no tomaría el pueblo y que el gobernante mande obedeciendo: el voto universal, tal como lo dimensionan nuestras constituciones, deberá ser el único mandato que obedezcan los poderes del Estado, con mecanismos de control eficiente, de manera tal, que esos poderes elegidos por la población no terminen traicionando la voluntad popular.

Desde FOLADUS, instamos a movilizar las innúmeras redes internacionales para rectificar el camino iniciado por un puñado de poderosos que nada tienen que ver con los deseos de la mayoría y convocamos a dar debate sobre las maneras de contrarrestar esta guerra sorda e injusta que modifica el lugar natural donde se deben dirimir las tensiones de una comunidad democrática.

Ni golpes duros ni golpes blandos; no a la guerra judicial-mediática, no al neocolonialismo encubierto, no a las proscripciones; sí a la democracia.