La Iglesia gestiona que militares condenados aporten datos sobre desaparecidos

Uno de los más grandes dramas de la década del ’70 fue el de los padres y familiares que no supieron la verdad sobre la muerte de sus hijos. ¿Dónde estaban esos cuerpos? Y lo mismo ocurrió con los bebés entregados a otros padres. ¿Acaso no tenemos derecho a nuestra identidad? La cuestión de la verdad es prioritaria. Toda la verdad, la verdad completa», escribe el sacerdote Alcides Jorge Pedro Casaretto, obispo jubilado, y ex titular de Cáritas Argentina, en su último libro Nuestro país, nuestra Iglesia, nuestro tiempo, presentado el jueves pasado junto al editorialista del diario La Nación Joaquín Morales Solá. El texto de 270 páginas, impreso por Editorial Claretiana, refleja el pensamiento político del obispo emérito de San Isidro, el mismo prelado que realiza discretas gestiones con militares condenados por delitos de lesa humanidad para que entreguen información sobre el destino de detenidos desaparecidos y sobre el paradero de los más de 400 hijos de desaparecidos que la Justicia todavía no logró recuperar ni restituir. Las gestiones de Casaretto, fueron confirmadas a este diario por una de las principales autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). «La tarea consiste en establecer canales de dialogo con distintos sectores pero en función de la búsqueda de la verdad, sabiendo que si ellos mismos no aportan la información que saben no se puede avanzar mucho la búsqueda de canales de diálogo para saber la verdad», explicó el sacerdote consultado, antes de aclarar que las gestiones de Casaretto no son una cuestión institucional organizada por el Episcopado , pero aun así no queda en él. «Casaretto empezó por su cuenta con la vinculación de distintos sectores y como él también está en la Comisión de Pastoral Social, pues ha sido un referente en ese sentido”.

Los contactos que encabeza Casaretto, según pudo saber Tiempo, buscan aceitar el intercambio entre militares detenidos en distintos penales para que aporten información que permita profundizar las investigaciones judiciales que están en marcha y que «tal aporte» abra la puerta para que algunas penas sean morigeradas, especialmente la prisión común que cumplen distintos genocidas que superan los 70 años de edad. Los «encuentros» promovidos por este sacerdote se «realizan en distintos lugares», aunque algunos fueron concretados en la sede que la CEA en la calle Suipacha al 1000 de la Ciudad de Buenos Aires. Los investigadores de importantes organismos de Derechos Humanos fueron consultados, pero las fuentes se limitaron a contestar que «ante la ausencia histórica de información por parte de la Iglesia, cualquier aporte, si sucede, puede resultar luminoso».

En las páginas 246 y 248 de su libro, Casaretto revela públicamente el pensamiento que motoriza sus gestiones, basado, especialmente, en las visitas que hace a las cárceles donde cumplen condena distintos torturadores encarcelados. «Encontramos hoy muchas quejas –escribió el prelado-, se reclama que algunos testimonios no serían lo suficientemente probados o que se juzgan a personas con poquísima responsabilidad en los actos cometidos. Sin duda debemos intentar un sano respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Los ancianos y los enfermos deberían cumplir prisión domiciliaria y habría que atender con ecuanimidad la seriedad de las quejas presentadas. La justicia debe ser, mucho más en lo referido a los Derechos Humanos, lo más justa posible», advirtió el activo gestor de las presuntas mediaciones protagonizadas, en algunos casos, por familiares de militares condenados y detenidos y vínculos familiares directos de detenidos-desaparecidos por las Fuerzas Armadas.

Confirmaciones episcopales
A pesar de las consultas de este diario monseñor Casaretto no contestó a los llamados. Su silencio fue completado desde la CEA, en boca de un destacado integrante que recordó el documento publicado el 9 de noviembre de 2012, tras el cierre de su asamblea plenaria Nº 104. El texto buscó contrarrestar las declaraciones del genocida Jorge Rafael Videla, que contó, antes de morir, que «en algunos casos la Iglesia ofreció sus buenos oficios y, frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto”. Las confesiones de Videla que incluyeron a la CEA, movieron el avispero del mando de tropa episcopal, por entonces conducido por Jorge Mario Bergoglio antes de ser electo Papa. Las palabras publicadas por la revista El Sur en julio de 2012, fueron replicadas por la CEA cuatro meses después. Los prelados defendieron a sus predecesores, se negaron a cuestionar su rol y asumieron un nuevo compromiso para aportar información: «Queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados. Cuando la justicia es demasiado largamente esperada, deja de ser justicia, y agrega dolor y escepticismo. (…) Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos (…) Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo alentamos a otros interesados e investigadores, a realizarlo en los ámbitos que corresponda. De nuestra parte, hemos colaborado con la justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes.»

Según explicó un viejo colega de Casaretto, el obispo emérito se mueve «en ese marco», pero «siempre va más allá», y ahora lo hace en el contexto «del año de la misericordia» que proclamó el Papa Francisco para 2016. Desde esa declaración, «la CEA ha sido más determinada en organizar los archivos que había, colaborar con la justicia y con los organismos de Derechos Humanos que plantean el dialogo en función de la búsqueda de información, pero la dificultad es que la CEA no tiene centralizados los bautismos de cada parroquia porque cada diócesis es autónoma, entonces nosotros hacemos de nexo para obtener esa documentación”.

El año pasado, el propio Casaretto opinó durante una conferencia ofrecida en la Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA): «Cuanta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada. Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”. Las palabras destaron el repudio de distintos organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. En respuesta, el actual titular del Episcopado, José María Arancedo ratificó el documento de 2012 que, según confirman en la CEA, es el marco para las gestiones secretas que encabeza Casaretto. «En estos tiempos asistimos a algunos actos en los que víctimas de la guerrilla y del terrorismo de Estado dan testimonios de haber perdonado. Dicen, claramente, que llegar a dar ese paso fue costoso, pero enormemente liberador. ¿Será utópico pensar que alguna vez los argentinos podremos encontrarnos en un gran acto de reparación de las culpas del pasado y de anuncio de un proyecto de país que nos reconforte a todos y nos devuelva la pasión por el presente y la esperanza hacia el futuro?», se preguntó el obispo en su libro recién estrenado, donde confirma los argumentos pastorales de un sector del clero que busca una etapa de reconciliación entre víctimas y victimarios, dentro de un intercambio de información que busca canjear perdón a cambio de paradero.