Facinerosos de poca monta como Mariano Martínez Rojas, o más sofisticados como Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, no existirían sin protección política y judicial. De hecho, llegaron a manejar fortunas y posar de empresarios cuando ya poseían antecedentes de violaciones flagrantes a los distintos códigos del sistema legal. Pero la «justicia» los dejó seguir operando, como si nada, sumando fechorías y damnificados a su copioso tendal. El vaciamiento del Grupo 23 y el feroz ataque a la redacción de Tiempo Argentino son hijos de esa impunidad.
El lunes 4 de julio ocurrió una demostración brutal y obscena de ese accionar impune. Martínez Rojas, y su patota, ingresó a la redacción, la destrozó y se fue a su casa escoltado por personal policial. Los efectivos que ampararon al empresario patotero llevaban uniforme de la Policía Federal.
Traspaso mediante, la facción metropolitana de esa fuerza ya no responde a la Nación, sino al Gobierno de la Ciudad. Su jefe es el ministro de Seguridad y Justicia Martín Ocampo, quien también tiene a su cargo la Dirección General de Seguridad Privada, que apenas tres días después del ataque premió a los violentos renovándoles la habilitación para ejercer tareas de seguridad.
Ocampo aparece como una pieza clave en esta historia. Dirigente histórico del PRO, antes de ser ministro se desempeñó como jefe de los fiscales de la Ciudad. En ese puesto trabó relación con Verónica Andrade, titular del Equipo Fiscal «A» de la Unidad Fiscal Norte. Ese vínculo se mantiene. El 29 de marzo pasado, la Ciudad designó al abogado Germán Camps al frente de la Dirección General de Administración de Infracciones. Camps es la pareja de la fiscal Andrade. Y la dirección que conduce depende del ministro Ocampo.
Andrade era la fiscal de turno al momento de la irrupción violenta en la redacción de Tiempo. Su primera instrucción buscó impedir que los trabajadores reingresaran al edificio. «Lo hice para evitar que las cosas pasaran a mayores», se justificó luego. Es al revés: de haberse cumplido esa orden, la patota hubiese gozado de mayor tiempo y libertad para destrozar herramientas vitales e impedir la publicación de este diario y la emisión online de Radio América.
El ministro Ocampo, ex superior de la fiscal Andrade y actual jefe de la policía que dejó hacer a la patota habilitada por su ministerio, es amigo y compadre de Daniel Angelici, titular de Boca y activo operador judicial del PRO. En diciembre pasado, Angelici nombró como vicepresidente del club xeneize al abogado Darío Richarte, ex segundo de la Side durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que mantuvo fuertes lazos con Szpolski en el Grupo 23. A través de Richarte, Szpolski estableció relación con espías locales y armó negocios vinculados a la seguridad. Según publicó el diario Perfil, el nuevo emprendimiento comercial del vaciador del Grupo 23 consiste en proveer servicios y artículos de seguridad a usuarios públicos y privados. En ese negocio, sugiere el semanario, convivirían espías de la ex Side y la Mossad, el servicio de inteligencia israelí. La escandalosa impunidad de Szpolski también tiene complicidad extranjera.
Angelici, Richarte y Szpolski comparten contactos en el submundo de los servicios de inteligencia, la cuna radical y un mentor común: el operador Enrique «Coti» Nosiglia. Ex ministro de Raúl Alfonsín, Nosiglia impulsó la carrera política de Mauricio Macri desde su origen la presidencia de Boca y fue un operador clave para la concreción de la Alianza Cambiemos. Como retribución, Nosiglia coló funcionarios leales en puestos clave de la administración macrista.
Uno de ellos es Miguel de Godoy, titular del Enacom, el organismo a cargo de administrar las licencias de radio y tevé. El viernes, a través de un artículo en La Nación, el organismo avisó que Martínez Rojas tiene plazo hasta el martes para presentar los papeles que lo acrediten como propietario de Radio América. Caso contrario advirtieron desde la Enacom el Estado rescindirá la concesión y la entregará a nuevos dueños.
El artículo advierte que ya hay dos interesados, a los que no identificó. Si se cumplen esos plazos, es probable que en breve se conozca a los beneficiarios de un nuevo pasamanos mediático con aspecto gatopardo: como es usual, el Sistema de poder paraestatal, que trasciende y sobrevive a todos los gobiernos, cambiará rostros y nombres para garantizar que el negocio de la impunidad continúe.
