El Ejecutivo aceptó que el decreto "no se respalda en ningún informe técnico ni jurídico", lo que constituye un incumplimiento del procedimiento administrativo. A eso se suma el "descuido" por el rol que cumple Sturzenegger.
Aunque el propio gobierno confirmó que no existe ninguna vinculación entre la Administración pública y el exsecretario de Domingo Cavallo ante un pedido de información pública presentado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). La respuesta oficial brindada por el Ejecutivo, en definitiva, habilita la nulidad del súper decreto.
El gobierno también certificó por escrito que el DNU N˚ 70/23 “no se respalda en ningún informe técnico ni dictamen jurídico”, señalan desde el MNER y la Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP), los espacios que llevaron adelante las acciones judiciales. “Es nulo de nulidad insanable porque para su dictamen el Ejecutivo nacional incumplió el procedimiento administrativo”, detalla Andrés Bernal, uno de los abogados que trabajó en la presentación.
El requerimiento se había llevado adelante a fin de año y el último viernes llegó la respuesta, donde no está justificada la urgencia ni la necesidad de derogar o cambiar miles de leyes. “Este vacío, está ausencia de justificación, es ilegal haciendo nulo el DNU”, explica Bernal.
A la vez, la respuesta del gobierno confirma que “no obran constancias del tipo de vinculación del Señor Federico Sturzenegger con la Administración Pública”, según describe la nota de la Secretaria Legal y Técnico que recibieron el MNER y el CAIP.
“La confesión de que no hay vínculo habilita denuncias penales. Estamos trabajando en eso y pensamos presentarlas en los próximos días”, asegura Bernal sobre los pasos a seguir. Desde el Movimiento de Recuperadas y la Coordinadora de Abogades, además, enviaron una carta a todas las y los integrantes de ambas cámaras del Congreso en la que advierten que con el DNU y la Ley Ómnibus “el Ejecutivo busca arrasar el sistema jurídico nacional para imponer un régimen totalitario”.
En ese mismo texto, además, resumen la información oficial a la que accedieron a través del pedido al gobierno y piden “poner freno a la barbarie declarando inmediatamente la invalidez de este decreto” anunciado por Milei e ideado por Sturzenegger pese a no contar con ningún nexo formal con la administración nacional.
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el tema será SI, con las pruebas como es una respuesta oficial por acceso a la información pública, los jueces actuarán según la ley, o seguirán siendo cómplices en la DESTRUCCIÓN DEL PAÍS.