La informalidad avanza y el Estado Nacional les da la espalda a los trabajadores del campo

La informalidad laboral no deja de crecer en Argentina. El Estado nacional está cada vez más ausente, sobre todo en el interior profundo. El 42% de los trabajadores argentinos está en la informalidad, según datos del INDEC. El informe, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), revela que más de 5,7 millones de personas en los principales aglomerados urbanos del país carecen de acceso a derechos laborales básicos como obra social, aportes jubilatorios o licencias. Proyectado a nivel nacional, esto representa alrededor de 9 millones de trabajadores informales.

La situación es especialmente grave para jóvenes y mujeres, con tasas del 58,7% y 43,4% respectivamente. Sectores como el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%) y el comercio (51,9%) encabezan el listado de mayor precariedad. El trabajo rural no escapa a esta crisis.

Hoy más del 75% de los trabajadores rurales no están registrados. Personas que viven en la informalidad total: sin obra social, sin aportes, sin derechos. Esta es la realidad que enfrentamos en el campo, con un Estado que se retiró de sus responsabilidades.

El desmantelamiento del Ministerio de Trabajo transformándolo en Secretaría no es un cambio menor. Implica un debilitamiento real de las herramientas estatales para garantizar derechos laborales. La falta de inspecciones regulares, la demora en las audiencias y la ausencia de cuerpos inspectivos en varias provincias responden al desarme de estructuras que antes cumplían un rol clave en el control y fiscalización.

Cuando se reducen los niveles institucionales y los recursos, se resiente el alcance territorial del Estado. Menor capacidad de respuesta ante conflictos laborales, menos seguimiento de las condiciones de trabajo, más dificultades para garantizar que las normativas se cumplan. La pérdida de presencia estatal es, en sí misma, una forma de retroceso en la protección de derechos laborales.

No hubo actualizaciones salariales para los trabajadores rurales desde que asumió el actual gobierno. La pérdida del poder adquisitivo es brutal. Con la inflación, cada vez cuesta más llegar a fin de mes.

Las importaciones de frutas y verduras crecieron un 82% interanual en diciembre de 2024, alcanzando los 242 millones de dólares. Esta política de apertura indiscriminada pone en riesgo la producción nacional y profundiza la crisis del empleo rural. El campo necesita reglas claras y protección, no competencia desleal.

La economía virtual se mueve para unos pocos, pero la economía real —la que se vive en los campos y en los pueblos— está colapsando. La gente no llega a fin de mes. Los trabajadores rurales están entre los más vulnerados. Necesitamos un Estado que piense en su pueblo, no en los balances de las multinacionales.

Desde UATRE, junto a nuestro Secretario General José Voytenco, exigimos acciones urgentes para frenar la informalidad, garantizar paritarias justas y defender la producción nacional frente al avance de las importaciones. Esta política de apertura indiscriminada, sumada a la falta de apoyo estatal, pone en riesgo la sostenibilidad de las economías regionales y la seguridad alimentaria del país.