La interna de Cambiemos impacta en la AGN y en el caso de Aída Ayala

Entre la jura de los nuevos diputados y el próximo arranque de las sesiones extraordinarias de enero, tres nombres empañaron el reacomodamiento de fuerzas dentro del Congreso Nacional y pusieron a prueba a los garantes de su status quo. Se trata del auditor y operador judicial, Francisco Javier Fernández, que ahora preside en forma interina la Auditoría General de la Nación (AGN); del exintendente de Paraná, Sergio Varisco, que esta semana fue condenado a seis años y medio como «partícipe necesario» de una red de comercialización de droga en su distrito; y de la diputada nacional por Chaco, Aída Ayala, que fue procesada por la justicia federal de su provincia por el presunto delito de «fraude en perjuicio de la administración pública» cuando se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior entre 2015 y 2017.

Tanto Varisco como Ayala son afiliados a la UCR, integran Juntos por el Cambio, mientras que Fernández se reivindica peronista, pero mantiene relaciones políticas tan estrechas con el PJ como con el radicalsmo. Esos vínculos lo transformaron, aunque él lo niega, en un temido operador del aparato de inteligencia estatal sobre la Justicia Federal. Tanto poder acumuló desde su llegada a la AGN, en octubre de 2001, que también intervino en el negocio de los medios: primero como socio del empresario Daniel Haddad y luego de su amigo, el vaciador del Grupo 23, Sergio Szpolski, procesado por no pagar los aportes patronales de sus trabajadores y denunciado ante la justicia por el presunto lavado de activos públicos en la venta fraudulenta del diario Tiempo Argentino. Szpolski sigue libre a pesar de las denuncias en su contra, pero nunca perdió el estrecho vínculo que mantiene con Fernández y, por su intermedio, con figuras que el radicalismo prefiere dejar bajo la alfombra, como el exsubjefe de la SIDE y exvice de Boca, Darío Richarte, el empresario de juegos de azar y extitular del club, Daniel Angelici y el exministro de Raúl Alfonsín y actual miembro del Comité Nacional del partido, Enrique «Coti» Nosiglia.

Poco después de la transmisión del mando presidencial del 10 de diciembre, los miembros del colegio que gobierna la AGN designaron en forma interina a Fernández como titular del organismo de control que depende del Poder Legislativo y debe ser presidido por un miembro de la oposición. A pesar de la trama que lo respalda y lo mantiene a flote, la llegada de Fernández al mando de la AGN incomodó a peronistas, macristas y radicales.

El cargo estuvo en manos del peronista Oscar Lamberto, que presentó su renuncia el 5 de diciembre y dejó el cargo vacante.  Ante las consultas de este diario, los representantes de las principales fuerzas políticas dentro del Congreso admiten conocerlo, pero eligen ampararse en el silencio para hablar sobre su futuro, debido a la densidad de la vidriosa relación que le adjudican con el aparato de inteligencia estatal y el vínculo que mantuvo con el exjefe de la SIDE, Antonio Stiuso. Quizás en ese temor, en su capacidad de daño, o una curiosa indiferencia, radica la incapacidad que exhibieron todos los bloques opositores para definir a un reemplazante «menos polémico», antes de que el colegio de auditores pusiera a su integrante más antiguo e influyente. «Vamos a definir al nuevo titular de la AGN en febrero», explicó una fuente de la UCR ante la posible nominación del actual auditor Jesús Rodríguez como presidente del organismo. El dirigente radical no es el único, aunque le adjudican una amable convivencia con Fernández, «gracias al eterno auspicio de Nosiglia», acotó un diputado boiniblanca que pidió el anonimato. Si el enroque tiene éxito, la UCR controlará el organismo para los próximos cuatro años con Fernánez como «un mal recuerdo» que sólo dejará el Colegio de Auditores cuando se jubile o renuncie. Por lo pronto, la movida ya obturó el deseo del expresidente Mauricio Macri de impulsar a su excompañero de fórmula, el exsenador Miguel Pichetto, mientras germina la posibilidad dentro del PRO de impulsar al extitular provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo.

«Yo no me definí como soldadito peronista, no nos equivoquemos. Trabajo siempre en la pirámide y no me voy del partido ni cambio de partido. Soy un militante peronista, como lo fue toda mi familia. Soy peronista de derecha», le dijo Fernández a la revista Crisis en la primera entrevista que concedió en más de una década, donde omitió hablar de Szpolski y también admitió que hablaba con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando ejerció la Jefatura del Estado. La autoreivindicación política del entrevistado también confirma su corto interinato al frente de la AGN. Por mandato constitucional tiene que ser conducida por un representante de la oposición, ahora corporizada en Cambiemos.

El último paso de Fernández por Comodoro Py fue en 2018 cuando tuvo que declarar ante el juez Claudio Bonadío en la llamada Causa de los Cuadernos, donde el chofer Oscar Centeno lo mencionaba como «Javier de Inteligencia», para identificarlo como presunto receptor de dinero ilegal de las recaudaciones que le adjudicaron al exsecretario de coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

Con la noticia fresca sobre el nombramiento de Fernández, esta semana el radicalismo tropezó con otra piedra que estaba debajo de la alfombra y que interpela a su conducción partidaria. La condena con prisión domiciliaria de Varisco por narcotráfico golpeó duro dentro de Cambiemos. Todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia, pero la UCR de Paraná insistió sobre la «inocencia y entereza moral» del exjefe comunal como de su exsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y del concejal Pablo Hernández. Los tres están detenidos, pero fuentes de la conducción radical evitaron hacer comentarios sobre el caso. «Por ahora no se tomó ninguna sanción disciplinaria, pero eso corresponde al tribunal de ética», que todavía no se ha reunido a la espera de una sentencia definitiva, luego de la apelación que presentarán los abogados de Varisco.

La sentencia contra los exfuncionarios paranaenses fue posterior al nuevo procesamiento contra la chaqueña Ayala, que fue ordenado durante el último día hábil del año pasado. Es el segundo en su contra, luego de otro ordenado en 2018 por la Cámara Federal de Apelaciones del Chaco, que también fue apelado. La diputada radical aseguró que no dejará su banca y sostuvo que se trata de una «causa armada». En 2018 la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió un pedido de desafuero que nunca fue tratado en la Cámara. Ayala fue electa diputada en 2017. Concluye su mandato en 2021 y asegura que tanto la UCR como Cambiemos la proscribieron. En el partido centenario también evitaron hacer comentarios al respecto. «