La intervención del Estado en la propagación del odio

El atentado criminal ejecutado por Justo Fernando Barrientos sucedió tan sólo tres días después de que el autor de la biografía oficial de Javier Milei, Nicolás Márquez, afirmara abiertamente en una entrevista radial que la homosexualidad es una «enfermedad». Y que, hasta la llegada de Milei, el Estado promovía, incentivaba y financiaba la homosexualidad. Fueron tan brutales las declaraciones vertidas -sin que nadie le debatiera ni siquiera con un dato- que resulta imposible desvincularlo del terrible hecho en el hotel de Barracas donde se materializó, en el acto de quemar a dos parejas de mujeres lesbianas y provocar la muerte de dos de ellas, el homoodio de Márquez.

A lo largo de la historia, el patriarcado usó el fuego para castigar, disciplinar y purificar a aquellas mujeres que se salían de la «norma». No lo hubiese podido hacer sin antes haber puesto en funcionamiento un dispositivo aún vigente: sembrar odio a través de la estigmatización, crear noticias falsas e instalar esas noticias en la sociedad, valiéndose de interlocutores legitimados. Sea un medio de comunicación o sea el mismo poder político.

Pobres, mujeres, personas LGBT son hoy el foco de los ataques del oficialismo. También son lxs damnificadxs directxs de la crisis socioeconómica en un proyecto  político donde no entran. Por eso mismo, deben ser exterminadas, pero antes, desacreditadas. Se trata de un retroceso enorme en una sociedad como la Argentina, en la que desde el regreso de la democracia se había avanzado exponencialmente en materia de protección de derechos, de igualdad y de inclusión.

Violencia materializada

“Hay que dejar de hacer una distinción entre lo virtual o lo que se escucha en los medios y la vida real. La incidencia es directa. No podemos decir que la causa del Holocausto haya sido la estigmatización del pueblo judío, pero sí que previamente al Holocausto hubo una estigmatización del pueblo judío. O sea que precede a las situaciones de violencia física y material siempre una situación de discurso”, analiza Sandra Chaher, directora de Comunicar Igualdad.

En ese sentido, la periodista y secretaria de Mujeres, Políticas de género e Igualdad de La Matanza, Liliana Hendel, analiza. “A partir del discurso de Macri en 2015, hablando del ‘curro de los derechos humanos’, se habilitaron estos discursos. Siempre la derecha fue odiante de las disidencias sexuales y de los feminismos”. Para Hendel, hay una responsabilidad en los medios. “Tenemos que revisar a quién invitamos y si invitamos a personas que expresan violencia, debatirles con argumentos”.

El lugar del Estado

Durante 2023 se produjeron 133 crímenes de odio LGBT, 13 crímenes más que en 2022. La propagación del odio hacia la población LGBT+preocupa más aún por su legitimación política. En este contexto, preocupa qué trabajo se hace desde el poder políticos. «Es uno de los problemas porque el Estado que debe ser garante de los derechos humanos es el que está normalizando la violencia”, dice Chaher.

Organismos como el Inadi y la Defensoría del Público sufrieron la desacreditación oficial y la instalación de la fake news de que no existen más. Sin embargo, no están disueltos, aunque sí desmantelados. “Estos organismos cumplían un rol como Estado. En algunos casos, perfectibles; en otros, más efectivos, pero tenían un rol simbólico y es que al Estado le interesa intervenir. Hoy simbólicamente, el gobierno nos dice ‘no hay que gastar dinero en estos temas’. Y eso es gravísimo porque se avalan discursos de odio que tienen un efecto directo sobre una sociedad empobrecida y precarizada.” «