La inversión educativa nacional proyectada para 2025 cae entre 45 y 57 puntos en comparación al 2023

En tiempos donde la verdad vale cada vez menos, los mismos sectores que salen a criticar la realidad educativa nacional (especialmente cuando se publican resultados de pruebas estandarizadas como Aprender o PISA) son los que desfinancian (o apoyan ese desfinanciamiento) al sector, en una caída que al día de hoy se vuelve tan extrema como crítica.

Según un informe basado en datos oficiales, la inversión educativa nacional –compuesta por la Función Educación, la Secretaría de Educación y las Universidades Nacionales– «proyecta para el año en curso una baja de entre 45 y 57 puntos en comparación al 2023». Mientras, al no haberse presentado un presupuesto nacional para 2025, sigue con el de 2024 (que ya era una continuación del anterior) y los aportes discrecionales del Ejecutivo.

Se trata de un trabajo realizado por el grupo Economía Política Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), en el que también destacan otros números alarmantes: el presupuesto de los principales organismos científicos descendió hasta un 33% desde que asumió el nuevo gobierno hace un año y medio.

Argentina con menos educación

La inversión educativa nacional en la última década presentó una deriva desigual, plantean en el Grupo EPC. ¿Cuándo se dio una declinación en Educación como antecedente cercano al de La Libertad Avanza? En el macrismo. Entre 2015 y 2019 se registró «una declinación de casi 36 puntos entre 2015 y 2019 para la Función Educación, con un deterioro de 20 puntos en las Universidades (UUNN)», afirman.

Eso fue seguido de una recuperación de casi 34 puntos reales para la Función en los cuatro años subsiguientes, «que incluyó una tenue mejora para UUNN de más de 7 puntos«.

Y así se llega a diciembre de 2023. «La retracción de los últimos dos años, incluyendo la proyección para 2025, representa una baja de entre 45 y 57 puntos en la ejecución real de la Función, la Secretaría (ex Ministerio) y las UUNN. De esta manera la inversión educativa se encuentra entre 52 y 61 puntos reales por debajo de 2015″, destacan.

El ajuste en Educación abarca todas las facetas: se dejaron de hacer obras, se cortó el reparto de computadoras, bajó la cantidad de libros a escuelas, los salarios fueron por detrás de la inflación. Hasta en el área de evaluación

Como informaba CEPA en enero de 2025, en todo el primer año de gobierno de LLA se observaron «fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles en materia educativa», como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-83%), las Becas Estudiantiles (-65%), y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-91%). Otro caso extremadamente sensible: el Programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-88%).

En lo que respecta a los primeros meses de 2025 la situación no mejoró, a pesar del «ahorro fiscal» del que se vanagloria el Ejecutivo. La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes publicó a fines de abril la situación de los primeros meses de este año: «Entre los programas con baja ejecución hay varios de la Secretaría de Educación, tales como Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (1,4% ejecutado), el Fondo de Compensación Salarial Docente (0%) e Información y Evaluación de la Calidad Educativa (1,7%).

Universidades en crisis

Al analizar la inversión por Universidades, el informe del Grupo EPC del CIICTI observa que las transferencias descendieron en promedio un 18,8% real en el acumulado a mayo frentre a igual período de 2023, «con caídas de hasta un 59,6% real».

A pesar de los anuncios del año pasado del Ministerio de Capital Humano, la crisis en las universidades está lejos de solucionarse. Continúa el éxodo de profesionales e investigadores, y esta semana se concretó un nuevo paro de 48 horas de docentes por reclamos salariales.

En este marco, los rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsan un proyecto de ley de financiamiento. Lo presentaron en mayo a la Comisión de Educación de Diputados. La propuesta fue elaborada junto con representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de Universidades Nacionales «con el fin de enriquecer los diferentes proyectos ya existentes hacia una nueva Ley de Financiamiento Universitario».

El documento se inició a partir del trabajo de la comisión ad hoc que se creó con la declaración del último plenario del CIN en San Luis en abril. Plantea un piso básico de recursos para el funcionamiento y la recomposición salarial.

Apuntan a una ampliación progresiva del presupuesto destinado a las universidades públicas para lograr una inversión del 1,5 % del PBI en 2031. “Hoy lo destinado a inversión en educación superior es el 0,45 % del PBI, cuando históricamente hemos tenido 0,8 %”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

También establece que los docentes y nodocentes recuperen el poder adquisitivo tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023. En otro de sus apartados, crea un fondo específico para incrementar y generar carreras fundamentales para el desarrollo del país y en áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial. En cuanto a las becas, el proyecto establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias.

«El texto del proyecto presentado establece la fuente de financiación, sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional», afirmaron desde el CIN. Su presidente, Alpa, precisó que “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional” porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.

El cientificidio avanza

El informe del Grupo EPC también hace foco en la motosierra sobre el sector científico, clave para el desarrollo de un país. «Fuerte deterioro de la ejecución presupuestaria en INTA, INTI y CONICET: los tres organismos acumulan caídas que superan el 33% desde diciembre de 2023″, advierten.

Y acotan que «la ejecución del presupuesto CyT (Ciencia y Técnica) cae en todo el país, pero de forma desigual. Las caídas más drásticas son en Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja, debido al impacto de la desaparición de los programas de infraestructura y equipamiento y de las transferencias».

“La ciencia es un derecho humano. Está en la declaración universal, en el artículo 27. Y está jerarquizado en forma de ley. Entonces, es una obligación del Estado”, planteó en el mismo sentido Daniela Hozbor, bioquímica y experta en vacunas del Instituto Biotecnología y Biología Molecular (UNLP-CONICET). “En lugar de pensar cómo ampliar nuestro impacto, cómo hacer crecer al sistema, estamos viendo cómo resistir. Cómo hacer para seguir trabajando, que no se caigan los institutos, que podamos sostener la formación de jóvenes investigadores”, enumera.

Ya se recortó aproximadamente el 70% de los fondos operativos, se frenaron proyectos estratégicos, se demoraron pagos internacionales: «cuesta adquirir insumos. Esto nos está destrozando. No es sólo ‘dinero sí o no’: es hacia dónde se quiere ir como sociedad”.

El plan para desmantelar el Conicet y quitar la Carrera de Investigador Científico

“Quieren desmantelar el CONICET. No es una hipótesis, ni un rumor. Es un plan concreto, escrito y firmado por la Fundación Libertad y Progreso, cercana al gobierno de Milei», denunció días atrás en la red social X Ariel Goldstein. El sociólogo e investigador afirmó que circula un documento firmado por esa organización ligada a La Libertad Avanza donde se plantea un “diagnóstico y propuesta de reforma” del histórico ente científico nacional.

El proyecto propone «eliminar la Carrera del Investigador Científico y reemplazarla con contratos atados a proyectos de corto plazo, evaluados por criterios políticos y de mercado. Sin estabilidad, sin autonomía», según reveló. El presidente del consejo académico de la fundación es Alberto Benegas Lynch (h), hombre cercano al presidente.

Mientras tanto, sigue el desfinanciamiento. Según datos oficiales, la caída en el presupuesto del sector entre 2023 y 2025 fue del 42,9%.