La justicia busca saber quién ordenó el espionaje ilegal a los periodistas

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aportó nueva documentación a la fiscalía federal a cargo de Paloma Ochoa y al juez Marcelo Martínez de Giorgi –el mismo que lleva la causa por el ataque a la redacción de Tiempo– sobre el presunto espionaje a periodistas acreditados para la cumbre del G-20, que se celebró en Buenos Aires a fines de 2018.

Se trata de la causa en la que la AFI confeccionó fichas personales de 403 trabajadores de prensa que presentaron ante el Ministerio de Seguridad los pedidos de sus respectivos medios para cubrir informativamente los acontecimientos de la reunión de los principales líderes del mundo.

Entre los periodistas que fueron “caminados” por la central de inteligencia durante la gestión de Gustavo Arribas figuran cuatro trabajadores de prensa de Tiempo: Gerardo Aranguren, Claudio Mardones, Nicolás Eisler y Randy Stagnaro.

El juzgado canalizó pedidos de información adicional formulados por la fiscalía para avanzar en la identificación de quienes encargaron la elaboración de esas fichas, la línea de órdenes que vinculó al Ministerio de Seguridad con la AFI, el rol de preponderancia de uno sobre el otro y, sobre todo, si el análisis de las fichas tuvo alguna consecuencia para los trabajadores de prensa.

En la causa que hasta el viernes investigaba el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, se investigaba si los agentes de la AFI que integraban el grupo de Whatsapp “Súper Mario Bros” utilizaron la cumbre del G-20 como excusa para realizar tareas de espionaje político a opositores y –también- a dirigentes de las propias fuerzas que integran la alianza Cambiemos.

Bajo la forma de una causa judicial denunciada por la propia AFI en 2017 ante Villena, por su jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (puerta de entrada de todos los visitantes que llegarían para la cumbre), la AFI obtuvo una autorización genérica para realizar tareas de prevención de eventuales atentados.

Así surgió la teoría de la “protección” a la entonces senadora y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su domicilio particular y en sus oficinas del Instituto Patria.

La causa que investigan Ochoa y Martínez de Giorgi todavía no se orientó a determinar si el origen de aquellas tareas de supuesta prevención fue real o sólo se trató de una cobertura legal para tareas ilegales. En un audio aportado a las investigaciones por la defensa de los exagentes de inteligencia Leandro Araque y Facundo Melo, una voz, atribuida al exjefe de Operaciones de la agencia de inteligencia, Alan Ruiz, indica que el juez Villena había dado cobertura legal a esas actividades. De ese modo parecía confirmarse que la hipótesis de atentados en el G-20 fue utilizada como una mascarada para una operación ilegal.

Así, el G-20 fue utilizado para el espionaje a centenares de periodistas, pero también a dirigentes sociales, políticos, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y dirigentes gremiales.

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El gremio, como querellante

Hay 100 afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) que figuran entre los periodistas vigilados por los servicios. “Mientras nos despedían, ajustaban y reprimían, nos estaban espiando”, dice Agustín Lecchi, dirigente del SiPreBA, que se presentará como querellante en la causa con la colaboración del CELS y Correpi.»Queremos saber quiénes son los responsables de este grave atropello a la libertad de prensa y contra las organizaciones populares», agrega.