La Cámara del Crimen de la Ciudad envió un pedido al máximo tribunal para retomar la actividad, con actividades presenciales reducidas y privilegiando el trabajo remoto.
Mediante un Acuerdo, los Camaristas resolvieron “solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contemple, ante una posible extensión de la actual feria extraordinaria –vigente hasta el 17 de julio-, eximir de ella a esta Cámara, los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, los Juzgados Nacionales de Menores y el Juzgado Nacional de Rogatorias, en tanto se encuentran en condiciones de realizar su actividad habitual”.
La actividad –según define la nota remitida a la Corte, con la firma del presidente de la Cámara, Alberto Seijas- se hará “privilegiando el trabajo remoto y por medios digitales, limitando los actos procesales presenciales y la concurrencia del personal a lo estrictamente indispensable”.
La Cámara se anticipó a la decisión que tomará en las próximas horas el gobierno nacional respecto de cómo continuará el combate contra el coronavirus, que en el Poder Judicial tuvo como consecuencia directa la declaración de una feria extraordinaria que se extiende desde fines de marzo.
“Consideramos pertinente poner en conocimiento de estas circunstancias a la Corte Suprema, en el entendimiento de que la modalidad de trabajo adoptada en este tiempo podría continuar en lo inmediato para todos los asuntos del fuero, sin necesidad de reglarlas bajo pautas de feria”.
El documento admite que “la actividad presencial en dependencias judiciales no podrá ser restablecida de modo pleno, en tanto deberá asegurarse una ordenada y limitada concurrencia de agentes a sus lugares de trabajo, como también de profesionales y público en general”.
La Cámara reivindicó que durante la feria extraordinaria “los diversos instrumentos tecnológicos permitieron, satisfactoriamente, dar trámite en esta Cámara a todos los recursos llegados a su conocimiento”.
“Los Juzgados han concretado mayoritariamente por esa vía los actos necesarios para el avance de los procesos, reservando los presenciales a los estrictamente imprescindibles. La digitalización de los expedientes y su incorporación al sistema Lex 100 ha evitado su traslado en soporte papel entre dependencias judiciales, como también asegura su seguimiento y control, y permite la formulación de presentaciones a los profesionales actuantes, contando con toda la información necesaria para ello”.
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