Lo ordenó el juez Gastón Mercau días después de vencido el plazo de la CIDH. No la envían a su casa sino a un inmueble que fue saqueado, sin luz, agua ni sanitarios.
La decisión fue tomada fuera del plazo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había dado 15 días para liberar a la dirigente social detenida desde comienzos de 2016.
La defensa de la diputada del Parlasur presentará un escrito para que se realice el traslado de manera urgente atento a la gravedad de la situación de la dirigente en el penal, donde no está garantizada su seguridad ni su integridad física, señaló un comunicado de la Tupac Amaru.
Semanas atrás, la CIDH ordenó al Estado a liberar a Sala y, eventualmente, otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica atento a la situación de urgencia, gravedad e irreparabilidad del daño que le estaban ocasionando en la cárcel.
El juez ordenó que se cumpla la prisión en un inmueble en la localidad de El Carmen, que no fue construido como vivienda sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones que finalmente no se pudo concretar.
Ese edificio fue vandalizado y saqueado después de que la dirigente social fue detenida: se robaron puertas, ventanas, tableros de luz, sanitarios y muebles.
Una de las abogadas de Milagro Sala, Paula Álvarez Carrera, consideró que la decisión del juez es parte de «un nuevo acto de hostigamiento de la Justicia». «El juez constató que el domicilio donde está ordenando el traslado no está en condiciones. No tiene agua ni luz, no tiene sanitarios», aseguró la abogada a Radio del Plata y anticipó que van «a poner en condiciones mínimas ese domicilio porque lo cierto es que Milagro no puede pasar ni un minuto más dentro del penal»
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