La justicia de Jujuy sumó otra condena contra la Tupac Amaru

Las mujeres fueron condenadas esta tarde por los jueces Mario Ramón Puig, Antonio Llermanos -recusado por Milagro Sala en otra causa- y María Alejandra Tolaba, en la segunda audiencia del debate que comenzó el martes en la capital jujeña. Las condenas no se harán efectivas hasta que la sentencia quede en firme. La defensa adelantó que apelará.

Jaldín y Shakira Guerrero, una de las detenidas en el Penal de Alto Comedero, fueron condenadas por una denuncia realizada en agosto de 2012 por el camarógrafo Héctor David Santistebe, el sonidista Federico Gandolfi y el periodista Rodrigo Sebastián Alegre, de Canal 13.

Según denunciaron, los trabajadores del Grupo Clarín intentaban tomar imágenes para el programa de Jorge Lanata en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, cuando fueron interceptados por el encargado de seguridad del barrio que les habría manifestado que debían gestionar un permiso para filmar ante la organización barrial.

En la denuncia, Santistebe, Gandolfi y Alegre dijeron que Guerreo y Jaldín se presentaron en el lugar e impidieron que sigan filmando. Los integrantes del equipo de Lanata se subieron a un automóvil, en el cual, las imputadas junto a ocho hombres cuya identidad se desconoce, le habrían arrebatado a Santistebe la cámara de filmación. Si bien luego se la devolvieron, le quitaron una unidad de almacenamiento que contenía material periodístico. Por otro lado, le habrían sustraído una cámara con memoria a Alegre.

En declaraciones a la prensa, el abogado defensor de Guerrero aseguró que en el juicio “ha quedado demostrado que las señoras Guerrero y Jaldin no son las responsables del delito de robo y en poblado y en banda que se las ha acusado”.

Además, subrayó que la acusación fue exagerada: “Porque haya un grupo de personas no se les puede decir que sea una banda”, dijo.

En su alegato el abogado y Fabián Terán, defensor de Jaldín, había pedido la absolución porque no se demostró que las mujeres hayan participado en el robo. En sintonía con la presión judicial sobre la organización que lidera Sala, el fiscal del Tribunal, Marcelo Cuéllar, había pedido 4 años y 6 meses de prisión efectiva.