La justicia determinó que el robo del misil del Ejército en 2015 fue una «operación» mediática

El robo de un misil de alto poder destructivo en enero de 2015, el mes que marcó el comienzo de los episodios extraños que desembocaron en la derrota electoral del gobierno de entonces y la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, “se trató de una ‘operación’ que tuvo como única finalidad ser descubierta para, de ese modo, causar un daño”. Así lo definió el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, en una resolución de 150 páginas en la que procesó a dos oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a un militar en actividad, y le dictó la falta de mérito a otro.

¿A quién perjudicó el robo del misil? En sentido amplio, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la resolución sugiere que hubo algo más, acaso una interna en las fuerzas armadas con ligazones en los servicios de inteligencia. Por aquellos días no sólo desapareció un misil de un polvorín. También el fiscal Alberto Nisman denunció al gobierno por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA y cuatro días después apareció muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero.

“Luego de una profusa investigación se corroboraron y determinaron –con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso– la participación y la responsabilidad de varios miembros de la Guarnición Arana, tanto por su directa participación material en la sustracción de la munición, como por el encubrimiento de lo sucedido y el incumplimiento de aquellos deberes funcionales específicos, vinculados con la custodia del misil y la seguridad externa e interna de la guarnición militar, que brindaron las condiciones de posibilidad para que el robo se pudiera producir”, explicó el juez federal. 

¿Quién robó el misil? “Las pruebas reunidas en el expediente permiten sostener con alta probabilidad la hipótesis de que el autor de la sustracción del misil fue alguien perteneciente a la misma Guarnición Arana del Ejército Argentino”. 

¿Y para qué lo hizo?, ¿para venderlo en el mercado negro de las armas? Según la resolución de Ramos Padilla, “es evidente que el o los autores no actuaron guiados por una finalidad económica, sino muy posiblemente motivados por la intención de causar un daño y/o perjudicar a alguna autoridad. Por ese motivo, fue su voluntad que la sustracción del misil fuera conocida, como así también que el proyectil luego apareciera”.

El misil apareció. Fue robado de un polvorín del que no faltó ningún otro pertrecho militar que hubiera sido mucho más sencillo de comercializar clandestinamente. “Cuando la investigación se reactivó después de años, el misil fue finalmente hallado en circunstancias por demás llamativas. Autores desconocidos –posiblemente relacionados con el robo ocurrido en primer término– lo colocaron en un lugar público, a la vera de una calle, para ser encontrado por empleados municipales encargados de la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos”.

Empleados municipales se tropezaron con el misil durante tareas de mantenimiento, una pala mecánica incluso lo golpeó. Si hubiera estallado pudo haber causado una tragedia comparable con la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Finalmente el misil fue detonado en una operación controlada para la que fue necesario evacuar un radio de cuatro cuadras. 

“En definitiva, el análisis conjunto de todos los elementos probatorios recabados en la presente causa demuestran que el hecho investigado se trató de una una escena montada”, reflexionó el juez. 

Para Ramos Padilla, la falta del misil debía ser rápidamente conocida porque ello generaría impacto mediático y social. Por eso nadie se ocupó de disimular el faltante. “La ventana del depósito de municiones donde se guardaba el misil estaba rota desde el interior del recinto; los candados y cerraduras del polvorín no se hallaban violentados; las paredes de concreto que lo rodeaban no presentaban signos de escalamiento, dando la pauta de que el/los autores ingresaron con llave; el cajón contenedor del misil fue innecesariamente destruido, pues se podría haber sustraído el proyectil con la caja incluida, disminuyendo así las posibilidades de que se detectara su ausencia. Además, lo único que se sustrajo fue el misil TOW A 2, sin que se registrara ni siquiera el faltante de una sola bala calibre 9 milímetros que, sabido es, resulta más fácil de comercializar que un misil sin su respectivo lanzador”.

“La mayoría de estas irregularidades no se trataron de hechos aislados, sino que hacían al funcionamiento cotidiano y prolongado a lo largo del tiempo de la Guarnición. En efecto, muchas de estas inobservancias reglamentarias estaban en cierto modo naturalizadas, arraigadas o incluso eran advertidas o conocidas por el personal del Regimiento. Este cúmulo de irregularidades se tradujo en un claro debilitamiento y vulnerabilidad del sistema de seguridad del Cuartel – responsabilidad principalmente de Torrengo–, lo cual posibilitó, facilitó o dio ocasión para que alguien sustrajera con absoluta impunidad el misil de mayor poder de destrucción que se hallaba depositado en el interior del polvorín sin ser advertido, aprovechándose de las múltiples falencias de seguridad enunciadas. El cuadro de situación se agrava por la circunstancia de que el polvorín –calificado como zona crítica por la Inspección de Seguridad del Ejército N° 02/14– contaba con numerosas vías de escape, tenía iluminación escasa y el alambrado superior se encontraba deteriorado”, describe la resolución.

“Todos estos elementos sugieren que la escena fue armada y que el autor –alguien de la Guarnición– tuvo la voluntad de que la sustracción fuera visible y que tuviera una trascendencia pública”. Varios testigos coincidieron en que  “por la forma en que se hizo y demás, se buscó generar algo que conmocione, que tenga trascendencia y que afectara a alguien… se buscó generar un daño con algo muy visible”.  La resolución destaca además la necesidad de que se supiera del robo:  alcanza con observar las fotografías del estado en que se halló el cajón contenedor del misil para notar que resultaba completamente innecesario aplicar dicha violencia destructiva. ¿Qué sentido tenía (para el autor) romper a patadas el cajón para sustraer el misil, cuando podía llevárselo por completo sin destruirlo? En primer lugar, le hubiera demandado menos esfuerzo y tiempo. En segundo término, si no hubieran despedazado el cajón, posiblemente las autoridades de la Guarnición hubieran tardado más tiempo en advertir el faltante”.

Una vez logrado el impacto, el misil reapareció. “El posterior hallazgo del proyectil, descartado en el interior de un montículo de tierra de una calle pública, en cercanías de la Guarnición Militar Arana, no hace más que refrendar la conclusión aquí sostenida. Es decir, que el hecho investigado se trató de una “operación” que tuvo como única finalidad ser descubierta para, de ese modo, causar un daño”. 

“El objeto de investigación da cuenta, por un lado, de hechos de una extrema gravedad para la Defensa y Seguridad Nacional, al exhibir sus falencias y la posibilidad de sustraer de la esfera de custodia del Ejército Argentino un misil de un enorme potencial de daño, capaz de poner en peligro muchas vidas humanas, sino también por la hipótesis prima facie comprobada de que habrían sido las propias tropas las responsables de dicha sustracción, posiblemente motivadas –como se dijo– por la búsqueda de un gran impacto hacia adentro de la institución o incluso en la opinión pública a partir del conocimiento de lo ocurrido”, resumió el juez.

Los procesados son los oficiales policiales Leonardo José Córdoba y Héctor Enrique Valenzuela, y del teniente coronel Fabián Torrengo,  a cargo del Jefe de Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de Toay (La Pampa)  Ninguno de ellos irá preso, pese a que los delitos que se les imputan contemplan penas de hasta diez años de cárcel.

Otro militar, el mayor Gonzalo Damián Gottifredi, con cargo de Oficial de Personal del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, fue beneficiado con “falta de mérito”.