La Justicia dispuso la intervención plena del Correo y desplazó a sus directivos

A 18 años de iniciado el concurso de acreedores en la empresa Correo Argentino, gestionada por la familia Macri a través de la firma Socma, la jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino y el “desplazamiento total” de su directivos.

Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a acreedores.

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“Nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, acusó Boquín en un dictamen en el que solicitó el desplazamiento definitivo de la conducción privada de la empresa y la designación de un interventor para lograr determinar, después de 18 años de concurso de acreedores, cuál es la deuda real, explorar definitivamente la posibilidad de un salvataje o, en caso contrario, dictar la quiebra.

El pedido se produjo luego de que se designara un coadministrador para investiga la deuda real de la empresa y todavía no se haya podido determinar el monto.

En su fallo, la jueza cuestionó «el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración» y consideró que «resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero».

Según las constancias de la causa, la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal «imposibilitaban el conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos, y arrojaba un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento».

La causa Correo tomó centralidad cuando, con Mauricio Macri como presidente, el Estado había acordado con la empresa perteneciente a su familia una quita de más del 98 por ciento de la deuda. Ese nivel de quita hubiese significado “un acuerdo ruinoso para el Estado argentino”.