La Justicia evita investigar el rol de la intendencia radical de Jujuy

Esa buena relación con el intendente Raúl «Chuli» Jorge se forjó por el trato cotidiano, porque el circuito de pagos de la obra pública era a través de los municipios. Los pagos eran enviados por la Subsecretaría de Viviendas y Urbanismo de la Nación a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y de allí a la intendencia de San Salvador (que tenía su propia UEP) que era quien firmaba y entregaba los cheques a las cooperativas. Este diario intentó consultarlo pero el intendente no encontró un hueco en su agenda para escuchar las preguntas.
La municipalidad también hacía el control y certificación de las obras a través del coordinador técnico, Javier Bustos. Estos procesos eran después controlados por la Auditoría General de la Nación (AGN), explicó a Tiempo el concejal de FUyO, Federico Noro. El exauditor Leandro Despouy y el funcionario de la AGN, el jujeño Mario Alejandro Nieva, «aprobaron todas las certificaciones de obra que hizo la municipalidad», recordó el edil. Con ellos trabajaba como asesor Joaquín Millón Quintana, designado por Morales como fiscal anticorrupción para que investigue a Sala, pero hasta su designación no denunció ninguna irregularidad ni advirtió ninguna asociación ilícita.

El intendente era el que firmaba los convenios e incorporaba las obras en los presupuestos municipales. Eso hizo durante los últimos ocho años el Chuli, por eso los tupaqueros se preguntan por qué la acusación de asociación ilícita cae sobre cooperativistas, funcionarios provinciales y nacionales pero se saltea a quien firmaba los cheques y los convenios.

En la causa Pibes Villeros (el retiro de dinero de un banco por parte de miembros de la Tupac) estuvieron imputadas –fueron sobreseídas esta semana y nunca pisaron un calabozo– la contadora municipal Karina Argañarás, y la tesorera Norma Aguirre (actual parlamentaria del Mercosur), porque fueron las que firmaron cheques por 14 millones de pesos. Ese es el dinero del video. La incógnita es por qué tampoco está involucrado el jefe de las mujeres, Salvador Meyer, el excontador general de la municipalidad de San Salvador durante ocho años, quien hoy ocupa el mismo cargo en la provincia.

Cuando se difundió el video en el que Patricia Cabana retira del Banco Nación el dinero para pagar sueldos y materiales con el que empezó la causa Pibes Villeros, Gerardo Morales enfureció con su correligionario y amigo. «Vos me tendrías que haber preguntado a mi. ¡Cómo vas a firmar! Yo ya era gobernador y vos el futuro contador general», le gritó a Meyer. Es que el contador general había firmado cheques por 15 millones de los 29 que ese día retiraron los cooperativistas. La causa judicial investiga solo los otros 14 millones que fueron endosados por la contadora y la tesorera.

Meyer aseguró a Tiempo que el mecanismo de pago era «habitual y cotidiano» y que la firma de los cheques se hacía apenas el dinero llegaba al municipio «por un decreto que venía de la gestión anterior a los efectos de embargos» que habitualmente pesan sobre la comuna.

El tono político que recubre todas las acusaciones judiciales encuentra en la municipalidad de San Salvador otro indicio en ese sentido: las pesquisas saltean ese bastión radical donde Morales hizo pie para llegar a la gobernación. Los rumores en los pasillos del poder local sugieren que también fue una de las cajas de la campaña del contador junto con generosos aportes del poderoso empresario Carlos Blaquier, y su par mendocino Carlos Bulgheroni. «