La jueza Petrella estableció que el gobierno porteño perjudicó a los carreros y recicladores a través de "un correo electrónico simple y carente de firma".

En un fallo contundente, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, la jueza Alejandra Beatriz Petrella, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en la acción de amparo presentada por la FACCyR.
En su parte resolutiva, la jueza dispone: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada disponiendo que el servicio de ‘traslado de material reciclable y transporte de recuperadores, operarios y choferes’ continúe prestándose en las condiciones previstas por las Resoluciones (…) Nro. 388-GCABA-MEPHUGC- del 8/05/25 (…). Ello, hasta tanto se dicte sentencia en las presentes actuaciones”.
Entre los fundamentos, la magistrada resalta la arbitrariedad del accionar del gobierno porteño, que modificó un servicio esencial a través de “un correo electrónico simple y carente de firma”, sin un acto administrativo válido que lo respalde.
La jueza destaca que el gobierno guardó silencio ante el pedido de informes del juzgado, y que la medida afectaba directamente “el derecho a trabajar de los recuperadores urbanos; esto es, dos derechos sociales cuya protección constitucional es evidente”.
La decisión judicial llega como corolario de una histórica semana de protesta de los trabajadores cartoneros, que incluyó un acampe de cinco días con huelga de hambre, encadenamientos y una movilización que congregó a miles de personas para defender un sistema de reciclado con inclusión social que es ley en la Ciudad y un modelo a nivel internacional.
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