El juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, otorgó una medida cautelar a favor del Frente de Unidad Docente
Arias otorgó la medida cautelar que habían pedido el miércoles los gremios en la pulseada con la gobernadora María Eugenia Vidal, que había ordenado que los maestros fueran a dictar clases en las vacaciones para recuperar los días de clase perdidos por los paros en marzo. En esa presentación, el Frente había planteado que la resolución era una medida de «naturaleza sancionatoria» porque los días de paro ya habían sido descontados del salario a quienes pararon y Arias lo entendió así.
La resolución 1131, firmada a mediados de mayo por el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, dispone que los establecimientos que perdieron más de 10 días de clase por los paros de marzo deben usar la primera semana de las vacaciones para recuperar contenidos; las que tuvieron hasta 10 días de paro deben extender su calendario en diciembre y las que tengan hasta 5 días afectados recuperarán clases en jornadas institucionales (perfeccionamiento, asuetos municipales).
En conferencia de prensa, tras conocerse el fallo, el titular del SUTEBA, Roberto Baradel, señaló que «el conflicto se pudo haber evitado, el objetivo de esta medida no era recuperar clases, era disciplinar a los docentes que alzamos la voz y dimos la pelea por la escuela pública. No pudieron doblegarnos por la valentía de los trabajadores. Esperamos que el juez interviniente no sufra represalias por este fallo».
El dirigente advirtió que iniciarán acciones legales contra las autoridades -directivos e inspectores- que presionaron a los docentes para que vayan a dar clases del 17 al 21 de julio. «Esta semana fue un infierno por el nivel de presión y de apriete que recibieron ilegalmente los docentes para que la semana que viene vayan a clase. No pudieron, la justicia nos dio la razón», señaló.
En la misma línea, la presidente de la FEB sostuvo que «la intención del Gobierno era amedrentar una vez más a los docentes que realizaron medidas de fuerza, porque ya sufrieron descuentos salariales por el mismo hecho, razón por la cual, estaríamos ante una doble sanción». Y agregó: «Esperamos que este fallo no ponga en riesgo la tarea del magistrado, como ha sucedido otras veces con jueces que protegen los derechos de los trabajadores».
Baradel también pidió al nuevo director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, quien asumirá en el cargo el lunes, una reunión «cuanto antes». «Estamos dispuestos a discutir todo pero no que el sector privado haga negocios con la educación pública», advirtió.
El secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, señaló que el Ejecutivo «quería tomar una medida simbólica para que cunda el pánico y salpicar a todos». «Esperemos que el gobierno cumpla con el fallo y no pretenda inventar ninguna cámara ni que los amigos del poder de la justicia pretendan hacer caer este fallo», sentenció.
Los gremialistas también manifestaron su repudio a la represión contra los trabajadores despedidos de PepsiCo.
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