La Justicia Federal ordenó la entrega de alimentos y otros insumos a los estudiantes del penal de Ezeiza

La comisión directiva del Centro Universitario Ezeiza (CUE) fue notificada de la resolución de un habeas corpus colectivo. El incidente fue presentado por el amparista Carlos Giménez Guell en reclamo de alimentación suficiente para el desarrollo humano, artículos de limpieza e higiene personal y el acceso a la totalidad de los materiales de estudio que les brinda la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora está integrado por el juez Ernesto Klepark y la secretaria María Cecilia Dibur. Este órgano judicial durante los últimos días dispuso órdenes que las autoridades del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza deberán cumplir.

También les indicó que deberán remitir informes sobre cada una de las medidas que ejecuten para brindar una solución a la demanda de la población estudiantil. Además, continúa el reclamo por la reapertura de los centros de estudiantes que fueron cerrados tras la resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los presos que estudian recibieron un fallo parcial de la Justicia sobre el habeas corpus presentado.

Una situación de hambre

«La situación que estamos viviendo reviste carácter de extrema gravedad institucional por lo cual amerita una intervención jurisdiccional inmediata y contundente», explicó Giménez Guell, miembro de la comisión directiva del CEU y quién lleva adelante la parte jurídica del espació educativo.  

«No se trata de un evento aislado, sino de una vulneración sistemática y generalizada del derecho fundamental a una alimentación adecuada. Es algo inherente a la dignidad humana y la salud que afecta a la totalidad de la población carcelaria», denunció el amparista. 

El universitario continuó argumentando: «Ante la persistencia de esta flagrante violación de derechos y, en ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley N° 23.098, nos hemos visto obligados a interponer un nuevo habeas corpus colectivo que la justicia resolvió favorablemente durante los últimos días».

Giménez Guell siguió repasando: «Es de suma preocupación y amerita el más enérgico reproche judicial la grave desobediencia por parte de la administración penitenciaria a un pronunciamiento previo de este mismo Juzgado. Porque nosotros ya habíamos presentado un habeas corpus colectivo -N° 31722/2023- que ya había reconocido deficiencias análogas».

«Resulta imperativo que el Poder Judicial actúe con la máxima celeridad y rigor para garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de quienes estamos detenidos. Y que asegure el estricto cumplimiento de sus propias decisiones, pilares esenciales del estado de derecho», señaló el universitario.

Por salud, alimentación y educación

Giménez Guell cerró: «Nosotros reclamamos por la salud, la comida, la educación y la integridad física de las personas que estamos privadas de libertad. Porque nos encontramos en un riesgo inminente y actual, por lo cual la pronta intervención de la justicia es crucial ante tantos atropellos a las normativas nacionales e internacionales».

Sobre la resolución

La resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora rechaza por completo «la nulidad del incidente planteada por la Asesoría Judicial de la penitenciaria«. Y señala que las autoridades, «deben abordar pacíficamente la audiencia de habeas corpus colectivo presentada en favor de los detenidos que forman el CEU«.

También ordena que les entreguen los alimentos necesarios y que sean de buena calidad. Para que los detenidos en el penal de Ezeiza, «puedan gozar de las garantías estipuladas en las normativas nacionales e internacionales«. 

Además, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá confeccionar un protocolo que establezca en forma clara y precisa las pautas a seguir, «para la adecuada entrega de todos los insumos y alimentos que sean necesarios«.

Para las personas con diabetes, hipertensión, celiaquía y otras enfermedades, «que les entreguen las dietas especiales que correspondan». También el suministro en forma periódica «de elementos de limpieza e higiene personal necesarios para ser utilizados en el CEU; a parte de los que reciban en los pabellones«.

El argumento legal

Profundizó en que se concrete la entrega diaria y permanente: «Del material de estudio otorgado por la Universidad de Buenos Aires, tal como lo estipula el Boletín Público 1700 del año 1986«. También de todos aquellos «insumos y elementos que les debe proporcionar la administración del Servicio Penitenciario Federal».

Cuando las autoridades penitenciarias ejecuten todas estas órdenes emitidas por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° de Lomas de Zamora. «Tendrán que informar a todas las partes sobre lo que hicieron», incluso, «a la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de La Plata«, finaliza el fallo.  

Sistema de «Alto Riesgo»

Desde que Bullrich asumió como ministra de Seguridad, implementó el Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). Desde entonces, los presos que habitan las cárceles federales permanecen realizando continuas huelgas de hambre y uno de ellos no soportó el régimen e intentó suicidarse.

El módulo VI, pabellón «C» del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza está destinado al alojamiento de personas procesadas y condenadas por narcotráfico y narcocriminalidad. Todos los allí cautivos son sometidos a más de 20 horas por día en aislamiento extremo.

Los tienen encerrados en sus celdas, vestidos con mamelucos, reciben a sus visitas detrás de un vidrio, no pueden abrazar a sus familias, tampoco tener relaciones íntimas con sus parejas, no les permiten profesar religión ni culto. Muchos de ellos son estudiantes universitarios y sus carreras están interrumpidas. 

Están sin leer ni escribir, sin mirar televisión ni escuchar radio y con una sola llamada telefónica por semana de pocos minutos. Son los principales métodos de torturas que se están ejecutando en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal, reconocidos a nivel mundial por todos los organismos de Derechos Humanos.