Fue ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi tras el requerimiento formulado por el fiscal Gerardo Pollicita, en relación a la denuncia presentada hace dos meses por el empresario Armando Loson.

El juez dispuso la realización de “un examen pericial” sobre los originales de los cuadernos 4, 7 y 8 y determinó que, quienes se dediquen a ese trabajo, respondan más de 15 puntos de pericia vinculados con, por ejemplo, detectar si todo fue escrito por el mismo “puño escritural”. “Dispóngase un examen pericial con intervención del cuerpo pericial que oportunamente se designará y el cual deberá utilizar los medios químicos, ópticos y lumínicos que correspondan, de momento sobre el original del cuaderno manuscrito nro. 7 reservado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 en el marco de la causa nro. 9608/2018”, escribió el juez en una de las dos resoluciones a las que accedió Télam.
En la primera resolución, días atrás, el juez dispuso que se determine, “si los textos conformados (en los cuadernos), pertenecen o no a un mismo puño escritural”; “si se aprecian sobre escritos, testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación” y que, de encontrarse, “se estudien dichas alteraciones individualizando y cuantificando las mismas, informando desde la óptica técnica adecuada, al modo en que fueron materializados”. El juez también ordenó que se determine cuál era el contenido de las anotaciones originales donde se enmendó la palabra “Armando” (por Loson), a la vez que dispuso que se esclarezca qué decía alllí donde luego se habrían agregado o corregido la palabra “Alem” o el número “850”.
El magistrado ordenó además que se establezca “si las inscripciones originales pertenecen al mismo puño escritor que las restantes grafías, así como también si se corresponden con las indubitables de Oscar Centeno” y detectar si las anotaciones enmendadas con el nombre “Armando” se corresponden con las restantes grafías al igual que las que habría realizado el chofer. El empresario Loson había formulado la denuncia luego de detectar que en los cuadernos de Centeno había tachaduras, enmiendas, sobreescrituras, y otras irregularidades que tendían a involucrarlo en situaciones de las que no había participado.
“Advertí que en las mal llamadas ´fotocopias de los cuadernos´ (en realidad son copias digitalizadas), se habían utilizado como base ´hechos verdaderos´ (algunas pocas entregas de dinero para campañas políticas, 3 o 4 entregas como máximo), pero luego se tergiversaron e inventaron, otros”, había señalado el empresario en su denuncia. Y detalló: “Se inventaron sucesos, fechas, cifras en moneda extranjera absolutamente falsas, se modificaron circunstancias de hecho, nombres, etc.; y entiendo, humildemente, que todo ello excede claramente la actuación unipersonal de una persona”.
El análisis realizado por los peritos privados (del Estudio Latour) permitió detectar 195 correcciones conformadas con lo que sería líquido corrector de color blanco, 1373 sobre escritos, y 55 testados, totalizando no menos de 1.600 alteraciones del texto original. Al ingresar en los detalles, los peritos de parte detectaron que, en más de una oportunidad, el nombre “Armando” había sido sobrescrito, con una letra distinta, arriba de otro nombre –“Marcelo”- que en ocasiones ni siquiera había sido corregido en la continuidad del texto. “¿Se modificaron esos nombres (Marcelo por Armando) para hacerme aparecer, o poder adjudicar e imputarme la comisión de más hechos?”, se preguntó el empresario en la denuncia que formuló el 1 de abril pasado a través de su abogado Carlos Vela.
Loson declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos y siempre dijo que las entregas de dinero que realizó fueron de su patrimonio –y no del de la empresa que encabezaba- y para campañas electorales. Así lo expuso en su denuncia: “Quiero dejar en claro que el dinero que aporté para las campañas electorales en cuestión, es dinero en moneda nacional que acredité documentalmente haber extraído de mi cuenta corriente bancaria personal”.
Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi S.A, empresa de capitales privados nacionales, que según quedó acreditado en la causa de los cuadernos no se dedica a la construcción ni es proveedora del Estado. Albanesi es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país.
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