La justicia frena la cautelar contra el tarifazo al agua

«¡¿Qué pasa con el agua?!», se quejaba China Zorrilla en Esperando la carroza. Por ahora, está estancada en los cajones de la Justicia. Asociaciones de defensa del consumidor se quejan y presionan para que las cautelares que han presentado avancen, pero no obtienen respuestas.

La Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) presentó en junio una cautelar que quedó estacionada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials. La presentación es contra AySA y contra el Estado nacional.

«Es un amparo colectivo. El agua es el único servicio que todavía no tiene resolución judicial. Presentamos una cautelar y la tienen planchada en primera instancia. Pedimos varias veces una reunión con el juez, que no nos atendió. La única vez que nos dieron respuestas pideron que esperemos porque no sabían cómo resolverlo», dijo a Tiempo Claudio Defilippi, abogado de ADUC.

Por su parte, la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC) inició una acción en el juzgado de San Martín, a cargo de Martina Forns (la jueza que frenó el tarifazo de luz en todo el país). «Pedimos conexidad con el expediente de Verónica Magario (intendente de La Matanza, donde están frenados todos los aumentos). La jueza decidió dividir la causa en tres, una por cada servicio. Pero quedó trabada la del agua. El jueves presenté un escrito pidiendo que se resuelva», explicó a Tiempo Claudio Boada, titular de la entidad.

Las medidas reclaman la nulidad de la Disposición 62/2016, que prevé un aumento de entre el 200 y el 375 por ciento. Ambos denuncian que el tarifazo vulnera el principio de participación ciudadana y reclaman la realización de una audiencia pública previa a cualquier aumento.

La Multisectorial contra el Tarifazo, que agrupa a cooperativas, recuperadas y pymes, presentará la semana que viene un amparo colectivo, dijo a Tiempo el abogado Mariano Przybylski. «También estamos haciendo una campaña por los barrios para armar reuniones con comerciantes y fábricas recuperadas. Se ofrece presentar amparos particulares, que se acumulan y se hace una demanda por barrio».

El aumento más desigual

La fórmula que determina el valor de la tarifa de agua no tiene en cuenta el consumo, sino las características de la vivienda. A grandes rasgos, suman los metros cuadrados más la superficie total del terreno dividido por diez. Se completa con un coeficiente adicional basado en la calidad del inmueble (llamado Coeficiente K) y otro indicador que contempla el poder adquisitivo zonal (Factor E).

El Coeficiente K aumentó a un ritmo del 9,5% anual hasta 2011. Luego, pasó a un aumento del 14,46% anual, hasta 2014. La última suba eleva al 77,95% anual. «Lo sustancial del aumento corresponde a la modificación del Coeficiente K. Dicha resolución fue tomada sin la debida participación de los usuarios, sin instancia de debate y participación», se quejó Boada.

El Factor E determina la distribución de los subsidios a los usuarios. Con el nuevo esquema, la mayor parte de los subsidios desaparecen, mientras que el resto sólo se mantendrá hasta marzo del año próximo (ver cuadro). «Al suprimirse los subsidios, los sectores que más recibían no sólo deberán pagar el aumento, sino también la ayuda que se les quita», advirtió Boada. Es decir, la suba es mayor para los sectores con menores recursos. Los sectores de menores ingresos pagarán un aumento que duplica al recibido por los sectores más pudientes. «Consideramos que además de inconsultos, sin gradualidad y excesivos, los aumentos son regresivos», resumió Boada.

El presidente de AySA, José Luis Inglese, lamentó en su momento que «nos han dado el 83% de lo que hemos pedido y esto nos exige ser eficientes, reducir los costos de operación y de mantenimiento», pero se alegró porque «hubo una decisión del Estado de llevar las tarifas a un nivel más razonable».

Los usuarios se quejan por aumentos desmedidos. Las empresas, porque las subas no son suficientes. «¡Qué país!», diría China. «