La justicia frenó el uso de agrotóxicos sobre una comunidad originaria en Santiago del Estero

Casi un año tardó la justicia de Santiago del Estero en resolver una situación que afecta gravemente la salud de la comunidad Sanavirón, un pueblo indígena que desde el siglo XV habitó el centro del actual territorio argentino y que, con los años, se trasladó hacia el Norte del país. El Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, dictó una medida cautelar que suspende las fumigaciones por seis meses en las cercanías de las viviendas de esa comunidad originaria. La decisión llegó tras varios meses de lucha, luego de que integrantes de la agrupación indígena denunciaran diferentes descompensaciones y problemas físicos tanto en hombre, mujeres niños y animales.

El 20 de noviembre del año pasado, integrantes de la comunidad «Sentimiento de mi Tierra» del mencionado pueblo originario, radicaron una denuncia contra dos individuos que fumigaron durante varias horas en la cercanía de sus viviendas. En la denuncia, solicitaron que se investigue la posible comisión de un delito que viola la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El documento presentado afirma que los dueños del campo realizaron el 16 de noviembre de 2021 una fumigación desde las 20 hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Resaltaron que muchas personas presentaron brotes de granos en todo el cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y manchas en la piel. Asimismo, detallaron que varios de sus animales de crianza murieron y que algunas de sus crías nacieron con deformaciones.

Según el sitio judicial fiscales.gob.ar, la restricción recae sobre dos personas denunciadas que explotan el campo situado en el Paraje El Chañaral, en la zona rural de Pinto de dicha provincia. El juez Sebastián Argibay estableció un límite de 500 metros para las fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las áreas, “a contar desde el lugar donde está situada la comunidad”. En el mismo sentido, el magistrado resolvió que se comunique lo dispuesto a la Dirección de Agricultura y Ganadería provincial y a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que efectúen el debido control.

Los denunciantes expusieron que estas situaciones no solo se ajustan al momento de la fumigación, sino que las sustancias arrojadas quedan en el agua que se almacena en los depósitos y aljibes. Al mismo tiempo, brindaron detalles que, a unos cien metros del campo fumigado, se encuentra un brazo de un canal que lleva agua del río Dulce y en ese lugar, «se habrían lavado las máquinas ‘mosquito’ utilizadas para fumigar y se habría realizado la preparación del veneno», puntualizaron: «se habrían dejado tirados los envases de los agroquímicos en las orillas», agregaron

Ante esta situación, la fiscala subrogante a cargo de la fiscalía, Indiana Garzón, solicitó una serie de medidas que incluían peritajes a muestras de agua y del suelo. Las evidencias fueron remitidas para su análisis al Laboratorio de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, con el objetivo de que se determine la presencia de esos químicos y su cuantificación.

Resultado del laboratorio

Según el estudio realizado, tanto en las muestras de suelo tomadas en adyacencias al inmueble en cuestión, como en las de aguas tomadas del canal Niquilo, están presentes varias moléculas por encima del umbral que fija la Comisión Europea. El informe afirma que el estudio detectó dentro del agua productos herbicidas que fueron catalogados como «probablemente cancerígenos» por la OMS desde 2015, como el glifosato y la hidroxi-atrazina.

Como parte de las medidas solicitadas por la fiscalía, se llevó adelante en mayo un reconocimiento judicial de la zona, del que participaron el juez Argibay, representantes de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, el Defensor del Pueblo y el director de Agricultura y Ganadería de la provincia, acompañados por personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Desde el Ministerio Público Fiscal manifestaron que la medida tuvo como objetivo, además de resguardar la salud de la comunidad, involucrar a todos los agentes del Estado para propiciar «un efectivo control y prevención de daños del uso de agroquímicos en las actividades agropecuarias».