La Justicia frenó traspaso de comedores escolares a los municipios

El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, otorgó una medida cautelar que suspende el traspaso del manejo de los comedores escolares a los municipios, que había dispuesto la gobernadora María Eugenia Vidal por decreto, y ordenó volver al sistema anterior en un plazo de 30 días.

El magistrado, que está en la mira del Ejecutivo desde que falló a favor de los gremios FEB y SUTEBA, dictó esa resolución en favor de seis consejeros escolares del FpV-PJ de distritos del Conurbano que se presentaron a la justicia alegando que el decreto 2077 de 2016 que dispuso el traspaso de la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE) de los Consejos Escolares a los intendentes los “corre” de sus facultades y es “inconstitucional”.

La presentación ante Arias fue realizada por los consejeros escolares del FpV-PJ de Lanús, Agustín Balladares y Roberto Alfredo Crovella; de Berazategui, Héctor Aníbal Peñalva; de Quilmes, Lorenzo Mario Giunta; de Lomas de Zamora, Miguel Ángel Ruiz; y de Cañuelas, Eduardo Della Corte. En el escrito, los funcionarios argumentaron que el decreto “resulta contrario a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.

En el escrito, los consejeros alegaron también que el decreto firmado por Vidal establece que “la administración de los recursos humanos que llevan adelante el programa alimentario (SAE), será personal municipal, sin explayarse respecto de lo que ocurrirá con el personal auxiliar docente que actualmente lo desempeña”. Y argumentaron que tampoco queda claro “quién continuaría con la ejecución del programa si es dado de baja en el Municipio”.

Arias otorgó la medida cautelar solicitada y suspendió los efectos del decreto de Vidal. De esta manera frenó la “municipalización” del SAE en los municipios que aún no adhirieron y otorgó un plazo de 30 días a los distritos en los que está vigente para volver al sistema anterior, a cargo de los consejos escolares. 

El magistrado quedó en la mira de Cambiemos desde que falló a favor de los gremios FEB y SUTEBA, hace dos semanas, y le ordenó al Ministerio de Trabajo no limitar el derecho a huelga de los docentes. La semana pasada, el diputado de Cambiemos, el “lilito” Guillermo Castello, pidió que se le inicie juicio político por considerar que tiene una «manifiesta parcialidad» política.

Vidal anunció el traspaso de los comedores a fines de noviembre como parte de una prueba piloto para doce municipios con el objetivo de “mejorar la alimentación de los 1.600.000 alumnos que comen todos los días” en las escuelas bonaerenses. 

La mandataria expuso los resultados de un relevamiento realizado en más de mil escuelas de 57 municipios por la Universidad Nacional San Martín, la Universidad de La Plata, el Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil (CESNI) y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) que indicaba que había «graves irregularidades» como «beneficiarios inexistentes, mala gestión de compras, mala calidad de la comida y ausencia de monitoreo o evaluación alguna». 

Hasta ahora, en el marco del decreto, el Ministerio de Desarrollo Social firmó convenios con los intendentes Juan Zabaleta de Hurlingham, Néstor Grindetti de Lanús, Ramiro Tagliaferro de Morón, Pablo Petrecca de Junín, Gustavo Posse de San Isidro, Martín Yeza de Pinamar, Jorge Macri de Vicente López, Diego Valenzuela de Tres de Febrero, Ariel Sujarchuk de Escobar y Nicolás Ducote de Pilar. También adhirieron los municipios de Ezeiza y Almirante Brown.

Desde la cartera social aseguraron ayer a Tiempo que todavía “no fueron notificados” de la medida cautelar por lo que «desconocen el texto y los alcances». Pero aclararon que, según el artículo 203 de la Constitución Provincial, los Consejos Escolares “tienen bajo su órbita la administración de los servicios educativos” y advirtieron que “el SAE, evidentemente, no integra ningún servicio educativo sino que se trata de una prestación adicional para garantizar una adecuada nutrición como elemento igualador mínimo a cargo del Estado”.