La Justicia investiga si el Grupo Roggio se apropió de subsidios para el subte

El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una investigación contra el grupo empresarial Benito Roggio por presunto fraude al Estado, mediante la percepción de subsidios para el subte. La denuncia fue formulada por el economista y excandidato a legislador Itai Hagman, quien advirtió que Roggio incurrió en «un desapoderamiento patrimonial» contra el Estado Nacional, puesto que «se beneficia con subsidios de parte de la administración pública mediante una conducta engañosa, haciendo figurar gastos que no son tales a los efectos de requerir beneficios económicos».

La imputación contra los Roggio es similar a la que derivó en la condena contra los Cirigliano en la denominada «Tragedia de Once»: recibían subsidios para el funcionamiento de un medio de transporte (subte o tren) y en lugar de destinarlo a esos fines los utilizaban en beneficio personal y de sus empresas. Afortunadamente, en el subte no hubo siniestro con muertos. Pero las condiciones de viaje de los usuarios en horas pico no difiere demasiado en uno y otro caso.

La empresa Benito Roggio Transporte SA es dueña  del 90,66% de la empresa Metrovías SA, que «como concesionaria del servicio de subterráneos y premetro» recibió subsidios estatales que, a modo de ejemplo, «han ascendido en 2015 a más $ 1600 millones, aumentando más de 60% con respecto a 2014». 

El gobierno de Cambiemos tomó –resalta la denuncia– «la drástica decisión de transferir el pago de los subsidios a las empresas de servicios públicos desde el Estado hacia los consumidores, justificando así los tarifazos. (…)  Sin embargo, en el subte se da un caso paradigmático: se incrementan los subsidios otorgados a la empresa Metrovías SA y también se incrementaron las tarifas de los pasajeros, llevando el aumento desde que la Ciudad se hizo cargo del servicio a 582 %”. Y se viene otro aumento en el corto plazo.

«La empresa concesionaria tampoco ha hecho las inversiones necesarias para prestar eficientemente el servicio pese a los multimillonarios subsidios. Estos hechos vienen siendo denunciados hace años por sus trabajadores y los usuarios que sufrimos las malas condiciones del servicio. Los propios ministros de Energía y de Transporte, debieron reconocer que las empresas prestatarias no hicieron las inversiones necesarias», subrayó Hagman.

La causa venía rebotando entre dos juzgados por una «cuestión de competencia». Pero el 20 de marzo último la Cámara del Crimen explicó que debe intervenir la Justicia Federal porque «no es posible  descartar una afectación al  patrimonio» del Estado Nacional, explicó el camarista Marcelo Lucini al asignar competencia al juez federal Julián Ercolini.

En efecto, hasta 2014 los subsidios que recibía el Subte los aportaba el Estado Nacional. Apenas se produjo el traspaso, el gobierno porteño, a cargo de Mauricio Macri, dispuso un primer sacudón tarifario. Los subsidios siguieron fluyendo y la tarifa, incrementándose. Sin embargo, el servicio no tuvo grandes mejoras. Y de aquella lejana promesa de Macri en su campaña para llegar a la jefatura de Gobierno porteño, «construir diez kilómetros de subte por año», no se concretó prácticamente nada. Si hubiera cumplido, hoy la red de subtes debería conectar bajo tierra a toda la ciudad. 

 »Metrovías SA ha sido abastecida por una amplia red de proveedores que satisfacen sus requerimientos de insumos y servicios: higiene en estaciones, vagones y edificios; servicios de seguridad y vigilancia; servicios de recaudación; reparación de material rodante; sistemas de comunicación y telefonía; servicios de computación; ejecución de obras de mantenimiento y ampliación del servicio. A ello se suma el personal de boletería, conductores, choferes y administrativos. Por su parte, la prestación del servicio genera diversas posibilidades de negocios colaterales, de alta rentabilidad, tales como publicidad en ámbitos de circulación y espacios para instalar locales comerciales. La totalidad de dichas empresas han sido pertenecientes al mismo grupo económico que Metrovías SA, es decir al Grupo Roggio. Con lo cual los gastos operativos sobre los que se basa Metrovías SA a los efectos de solicitar subsidios estatales no son tales, sino que es una maniobra tendiente a obtener dinero de la administración pública mediante ardid», expresa la denuncia. 

La situación más llamativa tiene que ver con el servicio de «asesoramiento» que contrata con una empresa del propio Grupo Roggio. «Supuestamente el servicio de transporte subterráneo fue concesionado en 1993 a una empresa del Grupo Roggio por contar con suficientes antecedentes, capacidad técnica y know how del servicio. Ello hace que carezca de racionalidad el hecho de que, luego de haber ganado la licitación, el Grupo Roggio cobre un canon por el know how del gerenciamiento del servicio, siendo que justamente ganó la licitación –entre otros factores– por poseer tales cualidades.»

«Las consecuencias de este convenio firmado entre dos empresas del Grupo Roggio son, en términos generales, la reducción de los ingresos de Metrovías. Esto trae aparejado un mayor requerimiento de fuentes de ingresos (tarifa y/o subsidio). Los negocios colaterales podrían ayudar a que el servicio se presente con un menor requerimiento de ingresos, pero por el contrario se utiliza para fugar parte de la ganancia que genera el subte», resume la denuncia.

«Se trata en realidad de un desvío de ganancias a empresas del mismo grupo empresario», concluye.  «