La Justicia investigará un posible «sistema de corrupción» en la gestión pasada del INCAA

La investigación judicial que analiza irregularidades en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), bajo la gestión de Mauricio Macri, quedó reorientada este, tras la incorporación de nuevos elementos de prueba a la causa, a develar si existió o no “un sistema de corrupción” al que se desviaron los fondos subejecutados para el fomento del cine, según denunciaron diferentes entidades de cineastas.

Cuatro denuncias fueron promovidas el año pasado por Documentalistas Argentinos (DOCA), Directores Independientes de Cine (DIC) y la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) sobre incumplimientos a la Ley de Cine y apuntan al ex presidente del Instituto, Ralph Haiek, y el ex gerente general, Juan Francisco García Aramburu.

En la última semana, se sumaron nuevos elementos de prueba sobre el destino final de los fondos, por lo que, ahora, los denunciantes afirman que, además de la “malversación de fondos”, hay elementos para acreditar “un sistema doloso de corrupción y propaganda”.

En diálogo con Télam, Juan Mascaró, presidente de DOCA, precisó: «Hay pruebas suficientes en contra de Haiek para que se lo llame a declaración indagatoria. Estamos seguros de que durante el desarrollo del proceso se seguirán encontrando pruebas a través del relevamiento que tiene que hacer la propia Justicia, con la que la gestión actual del Incaa prometió colaborar”.

A raíz de las denuncias, hay cuatro expedientes abiertos en los juzgados federales de Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, pero fuentes de Comodoro Py observaron que, «más tarde o más temprano, las investigaciones derivarán en una causa integral que acumule a todas».

Si bien los denunciantes señalan múltiples hechos por diferentes incumplimientos de la Ley de Cine, en todos los casos están relacionados con una subejecución de los fondos de fomento que, afirman, alcanza los 800 millones de pesos.

En la documentación a la que accedió Télam se observan como principales imputaciones a Haiek y Aramburu el incumplimiento de la ley que obliga a destinar el 50 por ciento de los fondos de fomento del cine al subsidio de películas nacionales, la negativa a otorgar créditos en los dos últimos años de gestión y el abandono del control sobre las salas de exhibición que tienen que cumplir con una cuota mínima de películas nacionales.

Por esos hechos, se señalan los delitos de “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “malversación de fondos”, que tienen penas de hasta dos años de prisión.

Pero DOCA, APRI y DIC esta semana fueron más allá y ahora enfatizan sobre el destino venal de ese dinero no invertido.

“Se organizó y perfeccionó un sistema doloso de corrupción” y, como parte de él se destinó a “pagar los pasajes en primera clase de los funcionarios del Incaa, sobreprecios en contrataciones y en obras innecesarias, especialmente las del cine Gaumont, en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica)” y en las contrataciones para el Festival de Mar del Plata y Ventana Sur”, consigna la denuncia.

En ese sentido, Mascaró explicó: “Hay un dinero del que tendrán que dar respuesta, que no se sabe dónde está y que tiene que ver con la subejecución de los rubros de los gastos del instituto, el que iba a la producción cinematográfica y a los gastos y presupuestos que desde las asociaciones nos negamos a aprobar porque los balances no tenían detalle interno”.

Las denuncias son previas a la llegada a la presidencia del Incaa del cineasta Luis Puenzo, quien adelantó la promoción de una auditoría interna y colaboración con el proceso judicial. El nuevo titular se negó a suscribir el balance 2019 que le legó la administración anterior.

Las irregularidades en las contrataciones incluyen en la documentación exhibida a la justicia datos de color: el pago de 300.000 pesos por un pato inflable para colocar sobre el lobo marino de la Rambla de Mar del Plata, en la edición 2017 del Festival Internacional de Cine de esa Ciudad, o el gasto de 2 millones de pesos en cajas de navidad en una cantidad que duplica el número de trabajadores del Instituto.

Para el presidente de DOCA, el Incaa fue «históricamente un territorio de impunidad» y afirmó sobre ese punto: «Pareciera que las cosas se pueden hacer sin demasiado control por la autarquía y autonomía que tiene. Cada vez que cambia la gestión hay un borrón y cuenta nueva, no se audita ni se controla lo que hizo la anterior y eso para nosotros es inaceptable».

Mascaró analizó que la existencia de una investigación judicial en curso significará «una forma de control tácito a cualquier gestión y nuestro seguimiento desde el lugar de realizadores sobre un dinero que pertenece a todos y que debe ser democratizado con una lógica más distributiva del plan de fomento”.

Las entidades denunciantes solicitaron constituirse como querellantes en todas las investigaciones judiciales y el pedido deberá resolverse en los cuatro juzgados federales actuantes en los próximos días.