La justicia obliga al Estado a que avance en el remplazo de los «manicomios»

Mientras el gobierno avanza sobre la ley de Salud Mental, la justicia obliga al Estado de la Nación y al de la Ciudad a que empiecen a crear servicios de Salud Mental que remplacen a los llamados «manicomios».  

En base a la presentación de un amparo colectivo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 condenó a Nación y Ciudad y les dio un plazo de 20 días para que presenten un plan de acción donde quede establecida la creación de dispositivos comunitarios adecuados para la atención en Salud Mental. El documento deberá individualizar a los pacientes que se encuentren en condiciones de ser externada/os y presentar una estimación de los costos y las previsiones presupuestarias necesarios para afrontar la implementación de la decisión.

La medida se da en el marco de la causa «S.A.F y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Amparo» (Expte. 74516/2014) y un visible incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, que rige desde 2010 y que establece la constitución de dispositivos intermedios como hospitales de día y casas de medio camino en remplazo progresivo de los neuropsiquiátricos clásicos, y que la mirada no sea puramente psiquiátrica sino interdisciplinaria. «Esa falta de cumplimiento se traduce en una continua y sistemática violación de derechos fundamentales sobre la que ha llamado la atención del Comité de Derechos Humanos de la ONU en su reciente examen sobre Argentina», indicaron desde la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) que se sumó en la causa judicial junto a REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) en representación de todas las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental afectadas por la falta de dispositivos intermedios.

«En Argentina las personas con discapacidad psico-social no tienen verdaderas alternativas al manicomio, pese a que la ley establece que para el 2020 estos deben haber sido sustituidos por una red de dispositivos comunitarios, fuera del ámbito de internación hospitalario, en la comunidad y con un abordaje interdisciplinario. En ese contexto dos defensoras públicas curadoras iniciaron la causa en representación de cuatro personas que todavía continúan internadas en hospitales psiquiátricos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires», agregaron en ACIJ. La demanda igualmente abarca a todos los usuarios, no sólo a esos cuatro.

Aclararon que no se trata de un problema de falta de recursos sino de criterios de asignación: casi el 8% del presupuesto de salud de la Ciudad es ocupado por Salud Mental. De ese número, un 80% se destina a reforzar el sistema manicomial y menos del 1% se orienta a servicios de externación.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud  acaba de dejar sin efecto una resolución que imponía para septiembre un límite máximo de camas en los hospitales monovalentes, regulando los requisitos de habilitación de los prestadores para lograr que la interdisciplinariedad de la que habla la ley, finalmente se hiciera efectiva. La decisión fue sin consulta a usuarios de servicios de Salud Mental. «Los colectivos que nos encontramos en lucha y defensa de la ley, estamos bastante desconcertados ante la falta de información brindada de parte del actual gobierno nacional», aseguró a Tiempo Lucas Banegas, promotor del movimiento «Usuarios, Familiares y Amigos por el Derecho a la Salud Mental». Y agregó: «Vemos con mucha preocupación que Andrew Santiago Blake, actual director nacional de Salud Mental, está tomando algunas decisiones que van, en muchos casos, en contra del espíritu de la ley. Por ejemplo, hace algunas semanas participó de un encuentro de psiquiatras en la ciudad de Córdoba, cuyo resultado fue una reivindicación y reafirmación del modelo médico hegemónico, contrario al paradigma interdisciplinario y comunitario que impulsa la ley.»