La Cámara Nacional Electoral le pidió al ministro de Salud, Ginés González García, que incluya en el plan nacional de vacunación contra la pandemia a todo el personal que estará involucrado en la organización y realización de las PASO de agosto y las generales de octubre próximo. La comunicación tiene un mensaje implícito: confirma que está trabajando sobre el cronograma electoral vigente y le pide al Ejecutivo que garantice la protección para los hombres y mujeres que intervendrán en los preparativos para las próximas dos visitas a las urnas. Se trata de un total aproximado de 447.800 autoridades de mesa, efectivos de las fuerzas armadas, funcionarios y funcionarias de la Justicia Electoral, el Correo Argentino y la Casa de Moneda.
La lista también pide incluir a todo el personal de la Dirección Nacional Electoral, del Ministerio del Interior y a los apoderados de los partidos políticos. Si bien el oficio no precisa las cifras de esas dos categorías, el total de vacunas requeridas podría totalizar las 500.000, aunque hay 90.000 que ya fueron previstas por el Ministerio de Defensa, porque están destinadas para los efectivos de las tres fuerzas armadas que trabajarán para el Comando General Electoral.
El oficio es la primera comunicación oficial del tribunal electoral en este año, luego de que el Senado aprobara el pliego del tucumano Raúl Bejas para completarlo y cubrir la vacancia que había quedado hace un lustro luego del fallecimiento de Adolfo Munné. Ahora está presidido por el juez Santiago Corcuera, e integrado por Adolfo Dalla Vía y Bejas.
El año pasado, durante el comienzo de la cuarentena, la Cámara había resuelto la creación de un comité de expertos para analizar el impacto de la pandemia en la organización de los comicios y hacer una serie de recomendaciones para reducir los riesgos de contagio durante todo el proceso electoral.
Según pudo saber Tiempo, los especialistas médicos y electorales nunca fueron convocados, y desde entonces el tribunal mantuvo estricto silencio sobre cualquier tema vinculado a los comicios de este año. El oficio enviado este martes concluye con ese mutismo y sostiene que «resulta necesario destacar que el proceso electoral comprende una multiplicidad de actos constitutivos propios de la etapa preelectoral, que deben cumplimentarse con anterioridad al acto electoral, y que requieren para su planificación y desarrollo la actividad presencial de sus integrantes y el desplazamiento e interacción» entre ellos.
De acuerdo al detalle de estimaciones, la Justicia Electoral cuenta con «2.700 agentes más 750 agentes transitorios», y otros 20.000 delegados. A esa cifra se suman los 35.000 trabajadores del correo, los 100 que cumplen funciones en la Casa de Moneda para la impresión de los padrones y las 300.000 personas que serán autoridades de mesa.
Los preparativos para las elecciones de este año ya comenzaron en agosto pasado, pero al mismo tiempo un sector del oficialismo, encabezado por distintos gobernadores, reclama la supresión de las primarias para este año por razones sanitarias y económicas. En la Casa Rosada sólo admiten una posible postergación ante el eventual retraso del plan de vacunación, pero no hubo mayores señales al lobby anti-PASO, que incluyó la presentación de un proyecto de ley para efectuar el cambio. Mientras sigue el debate y el Gobierno lo mantiene congelado, el máximo tribunal electoral comienza a hacer sus movimientos preventivos.
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