La Justicia será la que determine qué pasará con las autopistas

El Gobierno nacional y el español Grupo Abertis ya tienen definidas las armas con las que disputarán el próximo round. La empresa, que tiene la concesión de los accesos Norte y Oeste que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, ya tiene decidido llevar el caso al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para dirimir cuestiones entre las empresas y los gobiernos. La administración de Alberto Fernández, en tanto, buscará negociar con Abertis antes de resolver una medida de fondo como la de la anulación de las dos concesiones.

La disposición del gobierno tiene un cierto paralelismo con lo sucedido con las negociaciones por las tarifas del gas llevadas adelante por la administración de Mauricio Macri en 2016. Las auditorías desarrolladas por el Ente Regulador del Gas, el Enargas,  a cargo de Federico Bernal, cuestionaron la legalidad de la revisión tarifaria integral (RTI) de ese año. Bernal fue muy claro al decir que ello no implicaba ni la estatización del servicio, ni la anulación de las concesiones dadas para la distribución y el transporte de gas. A partir de las declaraciones de nulidades, el Enargas abrió un proceso de negociaciones que derivó en un acuerdo para la aplicación de una tarifa de transición, que es la vigente actualmente, y que se mantiene de cara al futuro posterior a las elecciones.

En la Casa Rosada aspiran a que ese sea el mecanismo a seguir con las dos concesiones de las autopistas. «Abertis agita que vamos por las concesiones y que lo hacemos porque la familia Macri fue socia de ellos en algún momento. Nada de eso tiene sentido. Queremos poner orden en un tema que claramente afectó al Estado y a los usuarios», dijo una fuente oficial con conocimiento del tema.

De hecho, el ministro a cargo del asunto, Gabriel Katopodis, de Obras Públicas, remarcó la nulidad de la revisión tarifaria de 2018, que es la causa del embrollo, pero no dijo nada de retirar las concesiones.

Es más, Katopodis ya adelantó que la decisión final quedará en manos de la Justicia argentina, con lo cual anticipa que podría haber demandas panales contra los funcionarios que firmaron esa renegociación, pero que en la instancia administrativa podría haber una negociación con otro resultado.

En este punto, la posible hoja de ruta también toma un color muy parecido a la empleada en el gas: Bernal presentó una demanda penal contra el exministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, que se sustancia en paralelo a las discusiones entre las empresas de transporte y distribución de gas con el Enargas.

La auditoría

El Gobierno nacional cuestiona solo la renegociación de 2018 con los dos accesos que tiene Abertis, no discute lo sucedido antes. La auditoría, según Katopodis, determinó que la vigencia de los dos contratos era hasta 2018 y que por decreto, fuera de las posibilidades que se le otorgaba al Poder Ejecutivo, fueron extendidos por 10 años más.

La auditoría también habría demostrado que la prórroga se otorgó para generar el cuadro legal que permitiera al Estado pagar sendas deudas a las dos concesionarias en dólares. Es decir, el gobierno y Abertis negociaron la entrega de esos U$S 700 millones y luego habrían buscado la forma legal de concretarla.

En el reconocimiento de esa deuda también hay cuestionamientos. La deuda era en pesos y estaba sujeta a lo que resolviera el Ciadi, a donde se habían presentado Autopista del Sol (ausol, que gestiona el acceso Norte o Panamericana) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO, con control en el acceso Oeste) para pedir un arbitraje. Nada indica que lo iban a ganar. Pero el gobierno dio el caso por perdido apenas meses después de la presentación y antes de que el Ciadi iniciara los trámites formales de convocatoria de las partes.

La auditoría también consignó que para retribuir ese dinero a las concesionarias más sus respectivos intereses, se estableció un esquema de tarifas de peaje que lo garantizara. Es decir, la extensión de la concesión solo apuntaba a generar el cuadro legal que permitiera esa exacción colectiva.

 Katopodis le dijo a radio El Destape que «tanto en el caso de las (concesiones de participación público privada) PPP como en este caso hay una lógica», y afirmó que «son contratos que están escritos para que siempre sea el sector privado el que tenga las prerrogativas». «