La Justicia vuelve sobre la responsabilidad política de la Masacre de Avellaneda

El 25 de junio de 2002, el entonces intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, recibió un inesperado pedido de la Casa Rosada, habitada desde el verano anterior por el presidente interino Eduardo Duhalde. Según declaró ante el juez federal Ariel Lijo, lo llamaron para pedirle el Hospital Fiorito «vacío» porque estaba prevista la realización de un operativo policial en el Puente Pueyrredón. No fue la única comunicación que tuvo ese martes.

Poco después mantuvo un cruce a los gritos con el jefe de la Departamental, Alfredo Fanchiotti. «No quiero ningún muerto mañana comisario», le dijo el intendente al uniformado que, entre otras funciones, era el enlace en la zona para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El diálogo de Laborde con Fanchiotti y los llamados de la Rosada fueron revelados en 2015, pero confirmados este miércoles pasado por la pedagoga Adriana Puiggrós que trabajaba en el mismo sector donde estaba Laborde. Ahora su testimonio forma parte de la investigación penal que indaga sobre las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda.

El operativo represivo del 26 de junio de 2002 en el que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y del que este lunes se cumplen 15 años, tuvo una investigación por los responsables directos que terminó el 9 de enero de 2006 con penas de prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta, y de cuatro años de prisión efectiva para los efectivos Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado. El ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de cárcel, su socio Gastón Sierra a tres y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses. En la actualidad están todos libres, salvo Fanchiotti que apeló la sentencia hasta la Corte. El 5 de febrero del año pasado el máximo Tribunal confirmó la perpetua que había dictado el Tribunal Oral 7 diez años antes.

No fue el único expediente. Desde la época de los asesinatos, hubo un caso federal iniciado a fines de 2002 por los familiares de Santillán y Kosteki que exigió indagar penalmente las responsabilidades políticas. Luego de tres años de instrucción fue archivado hasta 2015, cuando los querellantes presentaron un contundente pedido con nuevos indicios para reabrir la causa, donde están acusados Duhalde; Rodríguez; el entonces gobernador, Felipe Solá; su ministro de Seguridad, Luis Genoud; el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; y el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez. También actuaron Carlos Federico Ruckauf, antecesor de Solá en la Provincia; y el entonces ministro del Interior, Jorge Matzkin, uno de los primeros en hablar de «una pelea entre piqueteros». En esos días el funcionario era acompañado por un joven viceministro: Cristian Ritondo, actual ministro de Seguridad bonaerense.

Todos los sospechados negaron cualquier vinculación con la planificación de los crímenes, pero los nuevos datos que surgen desde la reapertura de la causa, donde interviene la fiscal federal María Paloma Ochoa, podrían demostrar lo contrario y poner en duda la vehemencia de algunos mencionados que siguen negándolo todo. En diálogo con Tiempo, el abogado querellante Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza y que representa a Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, explicó que la confirmación de Puiggrós sobre el testimonio de Laborde aportó nuevos elementos y actualizaron otros que también había hecho Eduardo Villalba, también funcionario del municipio en esa época. «Ahora pedimos que llamen a declarar a los jefes de las tres fuerzas que intervinieron, y también a otros testigos que fueron funcionarios, o que lo son ahora. Uno de ellos, que es abogado y defendía a los detenidos en una comisaría, vio como entró personal de la SIDE pidiendo el listado de los detenidos», amplió.

Los nuevos indicios, en rigor, son parte de una trama que los familiares, los organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas, como el Frente Darío Santillán, denuncian hace más de una década. Sucede que la Masacre de Avellaneda tiene íntima relación con la represión desatada el 20 de diciembre de 2001, seis meses antes, especialmente por la aplicación de la entonces flamante Ley de Inteligencia Nacional, que reordenó el Consejo de Seguridad Interior bajo la órbita presidencial y estructuró los mandos represivos de todas las fuerzas, con una activa intervención de la SIDE. «