La Legislatura aprobó el polémico Código Urbanístico

La Legislatura porteña trató este jueves distintas iniciativas referentes al uso del espacio público y también al privado. Los códigos Urbanístico y de Edificación, concesiones de autopistas, subtes y diversos predios y normas sobre taxis fueron algunas de las cuestiones que se discutieron y votaron en el recinto, pero el debate más ríspido se dio alrededor de los cambios en la regulación de qué y cómo se construye en la ciudad.

El polémico nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires fue aprobado con los 34 votos del bloque oficialista de Vamos Juntos, y ampliamente rechazado por la oposición desde distintas perspectivas, resumidas en la idea de que es “poco democrático”. Así lo afirmaron, entre otros, los legisladores Juan Francisco Nosiglia (Evolución), Roy Cortina (Partido Socialista) y Javier Andrade (Unidad Ciudadana) durante la sesión.

Nosiglia aludió a la falta de consenso del proyecto y sostuvo que “el Código debe hacerse con acuerdos amplios para ordenar el crecimiento de la ciudad con una proyección metropolitana”. Andrade afirmó que “en esta idea de ciudad excluyente y participación cercenada, a los primeros que convocaron obviamente fueron los desarrolladores inmobiliarios”. Según Cortina, “se hizo un proceso cuasisecreto de consultas. Yo le entregué al gobierno y a la comisión un trabajo monumental de nuestro equipo de más de 40 modificaciones. Aceptaron una”.

El legislador socialista enumeró las cuatro razones que sostienen su rechazo: “Nada cambió en el texto de la propuesta original que ingresó a la Legislatura. En segundo lugar, el eje es la densificación basada en tres herramientas: el enrase, unidades de densidad y la mixtura de usos. Por otra parte, no se adecua al plano urbano ambiental. Y cuarto, por el orden de prioridades que le han dado. Este debería haber sido el código que se preocupe por las asimetrías entre el norte y el sur, el aumento de espacios verdes, pero han priorizado la densificación”.

Javier Andrade planteó que “no existió un diagnostico que debería ser el puntapié inicial de porqué se propone las cosas que se proponen”. Para Cortina, “creemos sinceramente que se deja bastante de lado la dimensión humana y se la supedita a los intereses inmobiliarios. El contenido del código expresa que está pensado más desde la propiedad privada que desde el espacio público. Se perdió la posibilidad del derecho a la ciudad, a disfrutarla, a utilizarla. Esta oportunidad la vamos a pagar en el futuro.”

Los legisladores de la oposición repitieron los argumentos que esgrimen desde el mismo anuncio del nuevo Código: que está redactado para beneficiar a los grandes desarrolladores inmobiliarios, que fomenta la construcción en altura en detrimento de la identidad barrial y que consagra parámetros constructivos que tienden a disminuir el confort de las futuras viviendas. Entre otros, el Código votado permitirá unidades de 18 metros cuadrados y sin bidet, por ejemplo. Y no obligará a los nuevos edificios a tener vivienda para el encargado. “Las viviendas de interés social a ser construidas por el Estado también seguirán estos parámetros de superficies mínimas, con el único objetivo de obtener un rédito económico”, graficó Nosiglia.

Respecto del Código de Edificación, las críticas apuntaron a la arbitrariedad que sobrevuela el texto. Para Nosiglia, “debería fijar pautas sobre cerramientos o muros, los distintos coeficientes térmicos, habitabilidad hidrotérmica, etc. Pero este código no especifica cuales serán los estandares a respetar para que estos materiales sean aprobados, sólo dice que serán aplicados bajo interpretaciones y reinterpretaciones de los funcionarios de turno”.

En el marco de lo público y urbanístico, se debatió también un nuevo llamado a licitación del predio donde funciona BA Design, la concesión del uso del estacionamiento administrado por el Hipódromo de Palermo y la aprobación de un convenio con la Nación para utilizar la ex cárcel de Caseros para instalar allí el nuevo edificio del Ministerio de Economía porteño, y otros espacios públicos –como el Archivo Histórico de la Nación- que ya habían sido previamente anunciados por el Gobierno de la Ciudad.

En tanto a las normas que regulan el tránsito, se habilitó que los taxis puedan brindar el servicio de cobro por tarjetas de débito y también la incorporación de una aplicación de solicitud de viajes y presupuestos por internet o telefonía móvil.

También se trató la renovación del contrato con la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A., encargada de la administración de red de autopistas y grandes vías hasta 2049. La ley, que ya había aprobada en primera lectura, modificó la norma que creó AUSA, a fin de incorporar el Paseo del Bajo y otras arterias a su red vial, además de permitir la futura aplicación del sistema de pase dinámico, sin barreras ni cabinas de peajes («free flow»).

Otro proyecto al que se le dio curso fue el que autoriza al Gobierno de la CABA a renovar el contrato al actual concesionario de la red de subterráneo hasta tanto se haga cargo el nuevo adjudicatario que surja del proceso de licitación que está en marcha.