
Y eso que la gobernadora hizo de todo para proteger a su contadora favorita. Incluso la ascendió en pleno escándalo, en una extraordinaria exhibición de impunidad. No alcanzó. El miércoles, un día después de formalizar el ascenso en el Boletín Oficial, la mandataria detonó el fusible. ¿Qué cambió? A fuerza de evidencias, el escándalo logró perforar el blindaje mediático que la ampara.
Como tesorera del PRO en la provincia de Buenos Aires, Inza podría revelar de dónde surgieron los datos filiatorios de los beneficiarios de planes sociales que se asentaron como aportantes en las planillas que la alianza presentó a la Justicia. También podría responder por qué se les adjudicaron contribuciones a dirigentes y candidatos que niegan haber hecho esos desembolsos. Y es de esperar que se le pregunte –aunque con la Justicia argentina nunca se sabe– de dónde salió el dinero.
La respuesta a ese interrogante es clave, porque permitiría dilucidar quién pagó las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en 2017. La sospecha más extendida es que la plata provino de aportes en negro de empresas y empresarios interesados en sostener a Cambiemos en el poder. Y cobrarse esos favores con recursos del Estado.
Hay antecedentes. Para la campaña 2015, Mauricio Macri recibió donaciones de contratistas por 3 millones de pesos. Las contribuciones estaban a nombre de los ejecutivos de las firmas. Pero según la Cámara Nacional Electoral, la maniobra buscó evadir la ley, que prohíbe a las empresas contribuir con las campañas. Un detalle adicional: varios aportantes negaron haber hecho las contribuciones que les adjudican.
Los «responsables económicos» que firmaron aquellas planillas cuestionadas fueron dos jubiladas: Stella Maris Sandoval, de 68 años, y María Armanda Inza, de 84 años, y tía de la tesorera caída en desgracia. Las maniobras se detectaron y difundieron en abril de 2016. ¿Acaso es posible que el presidente y la gobernadora recién se enteraran esta semana de lo que hacía su contadora de confianza? Ni siquiera la ley les otorga ese crédito. Según la norma electoral, los titulares de los partidos son tan responsables como sus apoderados económicos de lo que ocurra con los fondos de campaña. Vidal es presidenta del PRO en la provincia. Para la ley, la mandataria es tan responsable como la funcionaria que echó.
Para salir del aprieto, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para “transparentar” los aportes. En esencia, propone bancarizar las contribuciones y habilitar a las empresas. Desde la oposición, Máximo Kirchner presentó un proyecto en dirección contraria: prohíbe los aportes empresarios y busca reforzar el financiamiento público.
Siempre son bienvenidas las iniciativas que transparenten la política. De hecho, la opacidad de las campañas es una práctica transversal. Pero la acción del oficialismo carga dosis de cinismo y afán de impunidad. Es como si un carterista, luego de ser pescado in fraganti metiendo mano en una cartera azul, proponga una ley que prohíba el robo de carteras azules con el pretexto de que existe una “laguna legal” sobre ese modelo.
Lo que se le imputa a Cambiemos ya está prohibido por la ley. El caso ofrece media docena de delitos para investigar: desde la usurpación de identidad hasta el lavado de dinero, pasando por fraude y posible malversación de instrumento público.
Es probable que los periodistas y medios cercanos al gobierno se den por satisfechos con el despido de Inza y el proyecto de ley. Pero el blindaje ya fue perforado. Y muchos argentinos pudieron apreciar el verdadero rostro que se esconde detrás de la máscara angelical. «
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