La lucha por la paz apenas comienza, por Javier Calderón Castillo

El 27 de junio las FARC-EP habrán dejado las armas, el mecanismo de monitoreo de la ONU las resguardará hasta su destrucción en agosto. Más de 50 años después de iniciada la guerra, es un hecho trascendental que resalta el carácter político y social del conflicto, y anuncia la continuación de las disputas sin las armas de la guerrilla de por medio. Se abre un nuevo capítulo donde se espera que la comunidad internacional no será complaciente con las violaciones de DD HH, y donde el Estado tendrá que contener a sus militares acostumbrados a actuar contra el “enemigo interno”. 

Cumplido ese compromiso de la insurgencia, quedan pendientes cientos de obligaciones estatales del tratado de paz para la reincorporación económica, política y legal de combatientes rebeldes, y los procesos de restitución de derechos para las comunidades en materia de reforma agraria, dirigida a las 7 millones de personas desplazadas por el paramilitarismo y al 27% de la población rural campesina, indígena y afrodescendiente históricamente excluidas que resistieron a la guerra en sus territorios. 

Se esperan, también, los cambios legales para democratizar la participación política que superen la estrecha democracia nacional, donde se incorporen las perspectivas democratizadoras de género, territoriales, y étnicas, que son transversales y fundamentales en el tratado de paz. Quedan pendientes la implementación de la verdad restaurativa, cuyo proceso se iniciará en la Justicia Especial para la Paz, donde guerrilla, militares, paramilitares, empresarios, funcionarios, deberán concurrir para esclarecer las violaciones de los DD HH y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Compromisos que el Estado en cabeza del presidente Santos tiene dificultades para cumplir y la ultraderecha en cabeza de Uribe está empeñado en hacer trizas los acuerdos, pretendendiendo modificarlos si en el 2018 gana las elecciones. La paz está amenazada por un sector del Poder Judicial que está impidiendo la ejecución de los compromisos estatales, en el Congreso la bancada de gobierno y del progresismo no logra avanzar con las leyes de implementación y las mentiras mediáticas sobre la paz son la constante. A Santos se le acaba el tiempo para gobernar y a la guerrilla le queda su organización y su palabra para defender y hacer cumplir los acuerdos. El fantasma del incumpliento y de la llegada al gobierno de la ultraderecha están poniendo a temblar las bases del tratado de paz de La Habana. La lucha por la paz apenas comienza. «

* Investigador del IEALC de la UBA y del Centro Latinoamericano de Geopolítica CELAG.