Las entidades patronales del campo festejaron la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández, sobre quien recae, además del histórico antiperonismo, la misoginia, la ignorancia y la brutalidad de un sector ideológicamente conservador.

Odian a la expresidenta. Estos son algunos de los “motivos”, que además tienen nombre y apellido:
El vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y el magnate George Soros, intentaron desviar el río Ayui en la provincia de Corrientes para inundar 8.000 hectáreas para la producción de arroz. Esto trajo denuncias de pescadores y ganaderos rio abajo. El intento de apropiación del rio fue frustrado por el gobierno de Cristina.
El Gobierno de Cristina Fernández estatizó el ferrocarril Belgrano Cargas que operaba trasladando la producción agropecuaria del norte del país hasta los ríos Paraná y de la Plata, por los cuales salen el 75% de nuestra producción agropecuaria y más del 90 por ciento de la producción de harinas y aceites del país. Los intereses tocados en este caso fueron los de las familias Macri y Roggio, quienes operaban esta empresa y las cuatro exportadoras multinacionales más grandes: Viterra, Cargill, ADM y Cofco.
Después de 67 años de la creación del estatuto del peón rural, el gobierno de Cristina sancionó un nuevo estatuto mediante la Ley 26.727. Este nuevo estatuto, que en el senado fue aprobado por 68 votos a 1 –siendo ese voto en contra el de Carlos Menem– determinaba:
• La edad jubilatoria pasó de 65 a 57 años (con 25 años de aporte).
• 30 días de licencia por paternidad.
• 8 horas de jornada laboral (no de sol a sol, como era hasta ese momento).
• Pago de horas extras.
• Prestación por desempleo.
• Mejores condiciones de seguridad e higiene.
• Descanso dominical.
Este nuevo estatuto fue criticado por Luis Miguel Etchevehere (exministro de Agroindustria en el gobierno de Macri y expresidente de la Sociedad Rural), quien tiene denuncias por trata de personas y explotación laboral.
Esta ley, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández, le puso limite a la extranjerización de la tierra. Fue pensada para cuidar nuestra soberanía: limitó la titularidad y posesión de tierras rurales por extranjeros, los cuales tenían que cumplir los siguientes puntos:
• El valor de compra de tierras por extranjeros no puede superar el equivalente a 1.000 hectáreas en zona núcleo.
• Un máximo de superficie en manos de extranjeros del 15 % del partido.
• Del 15 % no puede superar el 30 % un titular de una sola nacionalidad.
• Prohíbe la compra de tierras por extranjeros, en zonas de frontera y cuerpos de agua.
• Prohíbe la compra-venta de acciones y cambio de titularidad a extranjeros, los cuales no puede superar un 25 % de titularidad.
Esta ley tocó los intereses de, por ejemplo, Joe Lewis y Elon Musk, además de otras empresas de EE.UU. interesadas por nuestro litio.
De esta manera la expresidenta le puso freno a la apropiación de nuestros recursos naturales, como por ejemplo el agua. El más interesado por este recurso era Joe Lewis, propietario de Lago Escondido, destino elegido por el grupo Clarín para reunir a Julián Ercolini (juez que instruyó la causa de Cristina), Diego Barroetaveña (juez de Casación que falló en contra de Cristina) y Carlos Mahiques, papá de Ignacio Mahiques (fiscal de la causa Vialidad).
En conclusión: Cristina estatizó el ferrocarril Belgrano Cargas, comprendiendo que un país federal necesita de los ferrocarriles nacionales; limitó a los capitales extranjeros extractivistas y entendió que el consumo es el principal engranaje de la economía, poniendo al trabajador en el centro.
Como vemos en estos ejemplos, la expresidenta tocó intereses de los poderosos. Eso no es gratis. Sumado a esto, sobre Cristina recae, además del antiperonismo del sector agropecuario, la misoginia y la brutalidad de un sector que tendría que en realidad agradecerle, porque gracias a ella acumularon todos los dólares que hoy están blanqueando.
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