La mirada macrista sobre los crímenes de la dictadura ya se percibe en los tribunales

La indiferencia con que el presidente Mauricio Macri se refirió a los crímenes de la dictadura cívico-militar tiene un correlato fáctico en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Cuando dijo que no tenía idea del número de desaparecidos y llamó “guerra sucia” al terrorismo de Estado, dio cuerpo ideológico a lo que en los tribunales se evidencia en los siete meses que lleva su gobierno: demora en el inicio de nuevos juicios, prisiones domiciliarias para represores y el retiro de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (ver aparte). Todas esas realidades se suman a la desarticulación de áreas de Derechos Humanos que Tiempo denunció el 24 de Marzo.

Tres episodios ocurridos esta semana pusieron de manifiesto esos problemas: la postergación del inicio del juicio a dos integrantes de la patota paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU); el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria del ex director de Inteligencia de la Policía Bonaerense de la dictadura, el seis veces condenado Miguel Etchecolatz; y la constatación en el juicio sobre la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) de que el comodoro Luis Tomás Trillo violaba ese mismo beneficio.

Esta semana terminó además con la realización de las cuartas jornadas de abogadas y abogados en causas por crímenes de lesa humanidad, de las que participaron 140 letrados y fiscales, realizadas en la casa de Abuelas de Plaza de Mayo en la ex ESMA. Allí coincidieron mayoritariamente en un mismo diagnóstico: que más allá de que Macri dice que no se interferirá con los juicios, desmantelando áreas del Poder Ejecutivo o subejecutando programas se afecta a los procesos. “Tiene injerencia porque los jueces también van acomodando decisiones judiciales a los tiempos políticos”, dijo un partícipe del encuentro. Más allá de los tiempos judiciales, otro hecho que preocupa a los abogados son las sentencias absolutorias, como las que decidió la Cámara de Casación que transformaron la condena a perpetua para los tres acusados por la Masacre de Capilla del Rosario en absoluciones.

Demoras

“Durante estos años muchos jueces llevaron adelante juicios, produjeron fallos y sentencias porque son sumamente permeables a los vientos políticos. Hoy que esos vientos cambiaron y que hacer juicios por crímenes de lesa humanidad ya no reditúa como antes, hay más presiones y se corren riesgos de destitución, van modificando sus posturas o directamente tratan de evitar estar en los juicios”, reflexionó Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la Unión por los DD HH.

Uno de los juicios en los que participa la letrada es el que juzga los crímenes de la CNU, que debía comenzar el viernes en La Plata y fue suspendido. En el proceso están acusados por homicidio, secuestro, tortura y robo contra siete personas los civiles Carlos “el Indio” Castillo y José “Pipi” Pomares. La suspensión se produjo por la salida del juez César Álvares que desde octubre subrogaba en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Pero ese juicio no es el único en mora en La Plata. En mayo la Fiscalía Federal reclamó que el TOF pusiera fecha de inicio a once causas: además del de la CNU, solo en la capital bonaerense están pendientes los juicios por el Pozo de Banfield (seis imputados por 247 víctimas), Pozo de Quilmes (18 imputados por 175 víctimas) y Brigada de San Justo (24 imputados por 81 víctimas), Brigada de Caballería e Infantería “1 y 60” (22 ex militares, ex policías y civiles acusados por 192 víctimas), y el del Regimiento 7. Pero también hay otros cinco debates más breves con menos imputados.
“Vemos con preocupación que hay muchos tribunales sin integrar, juicios en los que las audiencias se están demorando, se bajó la frecuencia con la que realizan los procesos, algunas audiencias duran menos y con menor frecuencia”, dijo a Tiempo Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige el fiscal general Jorge Auat. En ese camino, explicó que “en 2016 hubo diez sentencias contra más de 20 que hubo en años anteriores. Por eso, al ritmo que vamos, no se llegaría a alcanzar a los años anteriores: esto se debe al contexto político, a esta poca frecuencia, y que hay por lo menos tres jurisdicciones en las que hay megacausas, Córdoba, Mendoza, Capital”.

Cuando en abril pasado los organismos se reunieron con Auat denunciaron demoras, desarticulación de programas, áreas y políticas estatales, despidos de especialistas, quita de fondos y el aumento de las prisiones domiciliarias. A siete meses de gobierno macrista, todas esas problemáticas se siguen confirmando.

Presos en su casa

Esta semana las prisiones domiciliarias a los represores ocuparon el centro de la escena. Por un lado, en medio de una concentración de reclamo de organismos de Derechos Humanos quedó en suspenso el pedido de domiciliaria de Etchecoltaz. Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín tuvo que revocar la domiciliaria al represor Trillo luego de que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo demostrara que violaba los límites de su casa: presentaron una foto suya paseando un perro.

“Es una barbaridad que un criminal paradigmático de la dictadura argentina en la provincia como Etchecolatz pueda estar en su casa”, dijo a este diario el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli. Y agregó que si prospera el pedido la situación sería “grave” y un “mal antecedente”. Para que el Tribunal platense resuelva el pedido de Etchecolatz debe resolverse primero quién será el tercer juez, ya que el presidente Carlos Rozanski está excusado de actuar en expedientes en los que el represor esté involucrado.

“Sabemos de la importancia simbólica de Etchecolatz por ser el primero en ser juzgado (en 2006), por lo que significó para el aparato represivo y por lo que significa a casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López”, subrayó Godoy. Y remarcó: «El Poder Judicial también lo sabe». «