La mitad de las mujeres del mundo no pueden ejercer su autonomía corporal

El Estado de Población, la publicación anual de UNFPA, comenzó a publicarse en 1978. En la edición de 2021 es la primera vez que un informe de las Naciones Unidas se centra en la autonomía corporal, definida como el poder y la capacidad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por nosotros.

De la presentación del informe, que se realizó de manera virtual debido a la situación epidemiológica, estuvieron presentes el Director Regional de UNFPA, Harold Robinson; la Asesora Técnica Regional en Salud Sexual y Reproductiva, Virginia Camacho; la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado; y la coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes (RedNac), Nayla Procopio. 

Según los datos relevados, casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo tienen múltiples obstáculos para ejercer este derecho. Esta falta de autonomía corporal tiene implicaciones enormes más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en lo individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

“Una mujer que tiene control sobre su cuerpo tiene más probabilidades de estar empoderada en otros ámbitos de su vida. Se beneficia no sólo desde el punto de vista de su autonomía, sino también a través de los avances en los ámbitos de la salud, educación, ingresos y seguridad. Tiene más probabilidades de prosperar, y lo mismo sucederá con su familia”, afirmó la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem.

El informe muestra, en aquellos países en los que existen datos disponibles, un nivel de desigualdad llamativo:

• Solamente el 55 % de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.

• Únicamente el 71 % de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales.

• Únicamente el 75 % de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.

• Únicamente alrededor del 80 % de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexual.

• Solo alrededor del 56 % de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.

También documenta muchas maneras de vulnerar esa autonomía corporal de mujeres, hombres, niñas y niños. Los datos son reveladores y alarmantes. 

• 20 países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.

• 43 países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge).

• Más de 30 países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.

• Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.

Argentina como escenario de lanzamiento del informe

El lanzamiento del informe se realizó en la argentina debido a los recientes avances en términos legislativos. Además se destaca que este país es uno de los referentes en la región en el desarrollo de políticas de salud sexual y reproductiva, y es uno de los tres países coordinadores de la “Coalición de Acción sobre Autonomía Corporal y Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” del Foro Generación Igualdad.

De acuerdo a lo que se destaca uno de los mayores logros en el país es la reducción de la Tasa de Fecundidad en la Adolescencia en los últimos años. Según datos recientemente publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años pasó de 62,5 por mil en 2015, 49,2 por mil en 2018 y a 40,7 por mil en 2019. Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores, pero ante todo, se debe a la implementación de políticas públicas sostenidas en el tiempo. El Programa de Educación Sexual Integral creado en 2008, ha avanzado en garantizar el acceso a información para la toma de decisiones. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el más reciente Plan de Prevención del embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), son políticas de estado que han demostrado un impacto en sus intervenciones.

El efecto pandemia

La pandemia por COVID-19 y las medidas de respuesta plantean nuevos desafíos en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. En Argentina, según un informe de UNFPA, un millón de mujeres podrían discontinuar el uso de anticonceptivos modernos. 65% de ellas lo harán por la disminución de sus ingresos y 35% por las dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud (ya sea porque estos no funcionan, desabastecimiento o por una menor demanda por temor al contagio).

Como resultado, el porcentaje de mujeres y personas en Argentina con capacidad de gestar, entre 15 y 49 años, con Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción retrocedería a los niveles de hace veinte años, pasando de 11,1% a 17.7%. El mayor impacto se registra en el acceso a los métodos de corta duración (como los preservativos, los anticonceptivos orales o inyectables), los más utilizados en el país. 81% de las usuarias utilizan estos métodos mientras que el promedio regional es de 57%.

Informe: Maby Sosa

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