La mitad de los inquilinos porteños ya no está en condiciones de pagar el alquiler

Un informe de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires concluye que se ven forzados a gastar en la vivienda más del 50% de sus ingresos. Fuerte incremento de las rescisiones de contratos.

El creciente impacto del alquiler en los ingresos de los inquilinos porteños ha generado en el último año, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, un fuerte incremento de los casos de rescisión de contrato y abandono del inmueble por razones económicas.

El relevamiento realizado por el Programa de Atención a Inquilinos (PAI) de la Defensoría detalla la composición de los hogares porteños, sus niveles de ingresos y el porcentaje que deben destinar a afrontar los gastos asociados al alquiler de una vivienda. La conclusión es que la mitad de los inquilinos se ven forzados a gastar más de un 50% de sus ingresos en ese ítem, lo que a mediano plazo torna insostenible la situación.

“Con ingresos familiares inferiores a 27.000 pesos, es imposible vivir dignamente pagando alquileres de dos ambientes que superan los 14.000 pesos”, afirma Fernando Muñoz, coordinador del PAI.

De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, que recoge el informe, un departamento de un ambiente tiene un precio promedio de $ 10.410, uno de dos ambientes vale $ 13.953 y uno de tres, $ 20.362. El mismo organismo publica los deciles de ingreso de la población ocupada. El cruce de ambos datos ofrece un panorama de las dificultades de los inquilinos para abonar el alquiler mensual.
En concreto, el 30% de los porteños tiene ingresos menores a $ 15.000; y el 50% tiene ingresos menores a $ 20.000. Si el valor de la Canasta Básica Total (CBT) informada en febrero por el gobierno porteño – que define la línea de pobreza- fue de $ 9.943, y a ese monto se le agrega el alquiler promedio de un monoambiente ($ 10.410), un inquilino debería contar con ingresos superiores a $ 20.353, requisito que cumple menos de la mitad de la población ocupada.

“En este contexto, no sorprende el aumento en la cantidad de inquilinos que se acercan para rescindir su contrato de alquiler. Esto implica empeorar las condiciones de vida, con tal de no acumular deudas y evitar conflictos con locadores o garantes”, explica Muñoz.

El informe va más allá y analiza la composición de los hogares porteños, relativizando la errónea suposición de que la mayoría de los hogares están sostenidos por dos ingresos. Según el documento “Distribución porcentual de los hogares por tipo de hogar”, publicado en 2017 por la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, el 36,8% de los porteños viven solos; el 11,4% de los hogares está compuesto por madres o padres, con hijos a cargo; el 26,1%, por parejas con hijos; el 19,2%, por parejas sin hijos o que no conviven con ellos; y el 6,6% restante está compuesto por hogares multipersonales no familiares o familiares sin núcleo.

En consecuencia, sostiene el informe de la Defensoría, casi la mitad de la población asume con un solo ingreso todos los gastos del hogar, tasa que trasladada al universo de los inquilinos refuerza la creciente imposibilidad de afrontar los gastos de alquilar.
De esta información surge que el 30% de las familias porteñas tiene ingresos menores a $21.000; y que el 50% tiene ingresos menores a $33.000. En consecuencia, si a la CBT para un hogar compuesto por una pareja de 35 años, económicamente activos, propietarios de la vivienda y con dos hijos de 6 y 9 años, que en febrero fue de $26.858, se le suma el valor promedio del alquiler de un tres ambientes ($20.362), se obtiene, según el informe de la Defensoría, “que para superar la línea de la pobreza una familia inquilina con las mencionadas características necesita contar con ingresos superiores a $47.220. Un requisito que solo cumplen el 30% de las familias”. Así, cada vez más inquilinos se ven obligados a rescindir sus contratos de alquiler.

“Hay familias que se mudan a departamentos más pequeños y alejados, que cambian a sus hijos de colegio y se distancian más del trabajo. Jóvenes que ven frustrados sus proyectos de vida, volviendo a casa de sus padres y esperando a mejorar su situación económica para emprender nuevamente su camino. O adultos mayores que, en el mejor de los casos, pueden mudarse a casa de sus hijos y en muchos otros, deben alquilar habitaciones derruidas en hoteles familiares, viviendo en condiciones incompatibles con su estado de salud. Y también están aquellos que ya vivían una situación desesperante y actualmente se ven empujados a opciones de vivienda inhumanas o directamente a la calle. Para los que permanecen en las viviendas que alquilan, la situación tampoco es fácil: el dinero que les queda es de subsistencia y los convierte en hogares pobres en barrios de clase media”, concluye el coordinador del PAI.

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