La muerte de M expuso la falta de protección de las infancias vulneradas en la Ciudad de Buenos Aires

Alejandra Giusti habla de la silla vacía que dejó M en el aula. Llora. La nena de 11 años fue su alumna hace tres años en la Escuela 11 del Distrito Escolar 5, en Barracas. El lunes pasado murió en el Hospital Penna. El viernes se supo que padecía neumonía bilateral. Pero había mucho más que una patología respiratoria: arrastraba hace años deficiencias nutricionales y necesidades básicas insatisfechas. La escuela lo había advertido y el caso había escalado al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad. Las respuestas del Estado para resguardarla (incluso del SAME) nunca llegaron. Fue un caso que expone algo mayor: la falta de protección de las infancias vulnerables en el distrito más rico del país. Mañana marcharán desde la escuela hasta la Jefatura de Gobierno porteña.

«Esto que pasó se podría haber evitado. Todos los organismos que se crean para estas situaciones están colapsados o desfinanciados. En 2020 el Equipo de Orientación Escolar (EOE) se da cuenta de la gravedad y deriva al Consejo. Desde ahí se deriva a la defensoría zonal. Aparentemente la única intervención fue con llamados a la madre, y como no atendió no se hizo más. Eso es lo que estamos denunciando. Que las intervenciones del Estado en los sectores más vulnerables no aparecen, y ocurren estas cosas. M pasó por tres grupos, estamos tratando de contenerlos y contenernos. Es muy difícil la ausencia, el lugar vacío en el aula», lamenta Giusti. Vuelve a llorar. «En este momento, en nuestro distrito hay 1030 chicos y chicas con derivaciones. Estamos en la Villa 21-24, un territorio que no tiene sus necesidades básicas garantizadas, a eso hay que añadir el resto». A esas carencias se sumó que la ambulancia del SAME no llegó cuando la niña se desvaneció en clase. Dos días después, murió.

«No hay una sola M. Hay otros chicos y chicas en riesgo», advierte también Ramiro Gerber, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en CABA. Hace minutos salió de una reunión con la comunidad educativa de la Escuela 11, que mañana marcha desde allí hasta la sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios, para exigir que «se fortalezca de manera urgente el sistema de promoción y protección integral» de niños y adolescentes de la Ciudad.

«Hay una vulneración sistemática de sus derechos –denuncia el abogado–. Pedís un refuerzo de merienda y te dan un sándwich más, lo que no significa que sea una merienda más nutritiva. Y tenés que andar haciendo trámites para sostenerlo; todo digital, a lo que mucha gente no tiene acceso”. Desde que M ingresó en 2017, la escuela detectó la necesidad de ayuda. En 2018 y 2019 presentaron un certificado médico por un refuerzo hipercalórico. «Dicho refuerzo, que era insuficiente, no se le otorgó el año pasado», denunciaron desde su comunidad educativa.

Un punto de inflexión

«Las alertas estuvieron y todas fallaron. El foco hay que ponerlo en todo el sistema de protección y promoción de derechos. Puntualmente en la responsabilidad del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad», apunta la legisladora Maru Bielli, del Frente de Todos. Y agrega que los equipos de orientación escolar «están completamente colapsados». En el distrito donde estudiaba M, hay 14 trabajadores -7 por turno– para seguir más de mil casos.

Desde esos equipos derivan al Consejo, que está descentralizado en defensorías zonales. «La Defensoría 4 de Zavaleta, como el resto de las del sur, cuenta con equipos incompletos –continúa Bielli–. Hace mucho que el gobierno no llama a concurso para contar con todos los profesionales según la Ley 114, que es de avanzada. No tenemos problemas de normativas sino de jerarquización en términos presupuestarios. Un caso como este debería ser un punto de inflexión».

Un aspecto fundamental es la necesidad de inversión. a Dirección General de Políticas Alimentarias cuenta con un presupuesto de 21,7 millones para todo el año. Sin embargo, en el primer semestre ejecutó solo el 36%. La legisladora apunta que otro «cuello de botella» ocurre en torno a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CESAC), a los que son derivados chicos y chicas para quedar en listas de espera larguísimas. «Que la red funcione depende del voluntarismo de trabajadores que hacen malabares con los pocos recursos que tienen, con muchos agujeros que explican casos como el de M. No hay que verlo como algo aislado sino como parte de una problemática sistémica. En la ciudad más rica del país, es inaceptable», concluye Bielli, que pretende convocar ante la Legislatura a la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón.

Para Laura Musa, directora de Fundación Sur –que integra el colectivo Infancia en Deuda–, una clave está en la falta de difusión del Sistema de Protección de Derechos de las Niñeces. «La gente sabe que puede ir a un hospital o a una comisaría pero no tiene la menor idea –a esta altura me parece que es a propósito– de que puede ir a Niñez, a la Defensoría. Ya sea porque se quedó sin vacante o porque no le llega el alimento con suplementos o por lo que sea». También apunta contra el rol del Consejo: «Tiene personal, lo que hay es insuficiencia de capacitación, y me animaría a decir, de capacitación de las autoridades que lo presiden». «