La justicia convocó al titular del sindicato del Neumático a presentarse bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. El gremio moviliza al juzgado.

La misiva explica que el dirigente deberá prestar declaración en el marco de una causa caratulada “Crespo, Alejandro, sobre amenazas coactivas”. La causa radicada en el juzgado n° 3 de Banfield fue instruida a partir de la denuncia de una de las principales empresas del sector, la multinacional Bridgeston. De no presentarse, apercibe, “será conducido por la fuerza pública”.
La misma compañía había amenazado, durante el extenso conflicto del año 2022, con retirarse del país en caso de que el sindicato no dejara sin efecto las medidas gremiales impulsadas en el marco de la negociación paritaria a las que respondió, ella misma, con un lock out patronal que, cabe aclarar, resulta una práctica contraria a la legislación vigente.
Si bien todavía no se conocen los detalles de la causa resulta evidente que se trata de un intento de amedrentamiento al dirigente del sindicato en vísperas del comienzo de una nueva negociación paritaria luego de que, en el período anterior, los trabajadores consiguieran un incremento que podría llegar hasta el 130% habida cuenta la conquista de una indexación de los haberes por inflación y un adicional del 10% por encima del porcentaje que de allí resultara. La conducción del gremio ya había convocado a Asamblea General para discutir el pliego que llevarían hacia el nuevo período.
La causa podría estar vinculada con las medidas de fuerza adoptadas en ocasión de esa paritaria o por aquellas adoptadas por el sindicato en el marco de un más reciente conflicto desatado por el incumplimiento de parte de la empresa de medidas de seguridad e higiene acreditadas por la cartera laboral provincial.
En el marco de esas acciones particulares la compañía respondió con despidos y persecuciones a los trabajadores que adhirieron a las protestas a pesar de la comprobación oficial de los incumplimientos patronales. Las inspecciones del ministerio de Trabajo provincial y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sugirieron en forma escrita que, debido a las malas condiciones laborales como la elevada carga térmica en determinados proceso en planta, se debería trabajar por períodos de 15 minutos y descansos de 45 minutos.
Para el sindicato esos despidos, resultaron en “represalias” contra la actividad de la entidad gremial. La empresa, por su lado, justificó las cesantías por “ausentismo y mala performance”.
En declaraciones al diario La Nación, Rodrigo Escudero, gerente de asuntos públicos y prensa de Bridgestone señaló que “se trata de una denuncia por agresiones verbales a nuestros ejecutivos. Nuestra idea es que avance la Justicia. Hubo violencia. Sucedió en el Ministerio de Trabajo de la provincia y hubo testigos. No hay una persecución, queremos garantizar la seguridad de nuestro personal” dando cuenta de que se trata de hechos vinculados con el conflicto particular por condiciones de seguridad.
Repudio y marcha
La escalada represiva desató una oleada de pronunciamiento de organizaciones sindicales que entienden que la judicialización de la actividad de Alejandro Crespo implica una ofensiva contra el derecho a la organización sindical de los trabajadores en general.
Así, ya tomaron estado público pronunciamientos de sindicatos que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo con el SUTNA como la Asociación Gremial Docente de la UBA, Ademys, la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria, entre otros pero también de agrupamientos de otros espacios político-sindicales como el Frente Sindical para el Modelo Nacional que integran el sindicato Camionero del triunviro Pablo Moyano, el SMATA y el sindicato de Canillitas, entre otros.
También repudiaron la ofensiva anti sindical la Federación Aceitera y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Por su parte el SUTNA ya resolvió convocar a una movilización al juzgado para acompañar a su dirigente el mismo jueves 1° de junio desde las 8.30 de la mañana. La actitud de la empresa augura una nueva paritaria del sector con un alto nivel de conflictividad.
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